De esta manera, los diputados rechazaron los cambios incorporados por el Senado para que la indexación se calcule sobre la diferencia del tope de 250.000 pesos y el monto del préstamo, y para exceptuar a los créditos tomados por gobiernos provinciales para planes de vivienda.

Las modificaciones del Senado habían originado severas críticas desde el gobierno nacional, porque hubieran significado un nuevo costo de cerca de mil millones para los bancos, con lo cual se iba a abrir una nueva controversia con esas instituciones, que a la vez ya están pagando el CER a los depósitos de los ahorristas, señalaron fuentes parlamentarias.

La decisión de insistir con el texto votado por la Cámara baja ocurrida el 9 de octubre se adoptó esta mañana en una laboriosa negociación entre el justicialismo y el radicalismo, y apunta a evitar un eventual veto del Poder Ejecutivo si se avalaba los cambios del Senado.

Desde la tarde, tanto el presidente del bloque Humberto Roggero, como el jefe de la bancada radical, Horacio Pernasetti, habían anticipado su voluntad de insistir con el texto de diputados, que a la medianoche -a pedido del legislador radical- fue votada por unanimidad.

Con esta ley se estableció un sistema de ajuste del valor de las cuotas correspondientes a préstamos pesificados, que oscilan entre los 100 mil y los 400 mil pesos, cuya instrumentación había sido prorrogada hasta el 30 de septiembre por el Congreso. Pero además establece como dato novedoso que los préstamos otorgados a personas físicas destinados a vivienda única y familiar superiores a los 250 mil quedarán alcanzados por el CER, cuando inicialmente habían sido incluidos entre las excepciones a este ajuste dispuestas por el Poder Ejecutivo.

También reafirma por ley las excepciones que habían sido establecidas para los préstamos personales de hasta 12 mil pesos (12 mil pesos en dólares originariamente) y para los préstamos personales con garantía prendaria originalmente convenidos hasta la suma de 30 mil dólares, que luego fueron pesificados.

Por otra parte se aprobó en el filo del cierre de las sesiones ordinaria una docena de proyectos económicos, aunque sólo se han convertido en ley las reformas al sistema indexatorio (CER), la rebaja del IVA al 10,5 para el ganado ovino y la prohibición para cambiar aranceles de la importación de azúcar sin el respaldo del Congreso.

En la maratónica sesión de la madrugada del viernes, los legisladores convirtieron en ley el proyecto reclamado por los diputados patagónicos que rebaja el IVA del 21 al 10,5 por ciento para la carne ovina, con lo cual se equipara la situación de esta actividad con los productores de carne bovina.

Esta medida beneficia especialmente a la Patagonia, donde se desarrolla la mayor parte de la actividad ovina, y llega justo cuando se quieren mejorar las exportaciones hasta alcanzar a mediano plazo las 23.000 toneladas comprendidas en la cuota que la Unidad Europea habilitaría para estas carnes.

Por otro lado, los diputados sancionaron una ley de la legisladora salteña Beatriz Daher, que impide al Poder Ejecutivo modificar los aranceles de importación de azúcar al establecer que esos valores deberán mantener su vigencia, y sólo se podrán variar con el visto bueno del Parlamento.

Los diputados salteños argumentan que se debe quitar la facultad al gobierno de modificar los aranceles hasta tanto no se eliminen las asimetrías que existen entre la industria argentina y brasileña, que es subsidiada por el sistema sucroalcoholero existente en ese país. Además, los diputados votaron y giraron en segunda revisión al Senado un proyecto de fuerte impacto en las provincias, ya que establece la suspensión del goteo diario de los fondos coparticipales que se les retiene a sus provincias por los intereses y capital de las deudas que tienen con instituciones bancarias.

También abarca esta suspensión que tendrá vigencia mientas dure la emergencia establecida en la ley 25.561 o hasta que se instrumente la conversión y reestructuración de la deuda, a las ejecuciones de garantías otorgadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.

Esta medida abarcará a aquellas provincias que hayan suscrito el Acuerdo Nación Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos firmado el 27 de febrero del 2002.

En realidad, el Senado había sancionado este proyecto a principios de marzo, pero ahora los diputados introdujeron cambios para que sólo tenga alcance esta medida a las retenciones con entidades financieras o internacionales, pero no a los aportes de contribución social.

La Cámara de Diputados dio también media sanción a un proyecto de ley del legislador José Vitar que restituye el cobro de multas a los cheques rechazados y que destina lo recaudado a la aplicación de programas y proyectos a favor de personas con discapacidad.

En su artículo 1, la iniciativa, aprobada por unanimidad, establece que una sanción con multa equivalente al 4 por ciento del valor del cheque, con un mínimo de 100 pesos y un máximo de 50 mil pesos.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto que crea un impuesto del 10 por mil sobre los pagos de obligaciones tributarias nacionales, provinciales, o municipales que se realicen con Lecop o Patacones, que serán abonadas por el titular de estos bonos. La recaudación de este impuesto se distribuirá de la siguiente manera: el 30 por ciento se incorporará a la masa de recursos tributarios y se repartirá por el sistema de coparticipación, mientras que el 70 por ciento ingresará al Tesoro Nacional.

Los diputados aprobaron y giraron, asimismo, en revisión al Senado un proyecto de ley que encuadra a la producción de software como una actividad industrial, con el fin de que sea alcanzada por eventuales beneficios impositivos y crediticios, entre otros.

También se votó un proyecto, enviado al Senado, donde se obliga a la DGI y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a apelar las sentencias desfavorables e inmediatamente elevar un informe fundado a la Subsecretaría de Política Tributaria.

Por último, se aprobaron un proyecto para que los miembros de tribunales fiscales paguen impuesto a las ganancias, una modificación de la ley de entidades financieras para las cooperativas, el régimen de comercialización de sucedáneos de leche materna, y una excepción al Estado nacional para abonar la tasa de justicia en aquellos procesos judiciales donde la pretensión supere un millón de pesos.