La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley para el fortalecimiento y la promoción de las pymes mineras y proveedoras del sector, mientras que su sanción definitiva dependerá ahora del Senado. Por un lado, la iniciativa establece la creación de un Registro Nacional de Pequeños y Medianos Productores Mineros en el ámbito de la Nación y fija como beneficios para el sector tanto reintegros a las exportaciones, como así también un programa de financiamiento y asistencia técnica para ese tipo de Pymes.
Además, establece que los beneficiarios del régimen "podrán computar como pago de otras obligaciones fiscales, los saldos técnicos del IVA" cuando se originen de Pymes mineras domiciliadas en la República Argentina e incluidas en el registro creado por esta misma normativa.
En otro orden, también aprobó y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que encuadra a la producción de software como una actividad industrial, con el fin de que sea alcanzada por eventuales beneficios impositivos y crediticios.
"Establécese que la actividad de producción de software debe considerarse como una actividad productiva de transformación asimilable a una actividad industrial a los efectos de la percepción de los beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo que se fijen para la industria por parte del gobierno nacional", precisó el proyecto en su primer artículo.
La media sanción de esta iniciativa se dio en el marco de la maratónica sesión con la que la Cámara de Diputados cerró el período ordinario, en tanto que ahora quedó en manos del Senado su sanción definitiva, que recién podría ser resuelta el próximo año.
Además de catalogar a la producción de software como industria, el proyecto -surgido de las Comisiones de Industria, y de Comunicaciones e Informática- instruye al Ejecutivo para que "en las políticas de promoción productiva" considere "el diseño, el desarrollo y la elaboración de software como una actividad productiva de transformación pasible de ser promocionada".
Por otra parte también aprobó y giró en revisión al Senado la creación de un Programa Nacional de Nutrición para paliar los problemas alimentarios que tienen los ciudadanos más pobres del país, para los cuales se destinarán mas de mil millones de pesos. El dictamen votado sobre tablas y a libro cerrado fue diseñado en base a unos quince proyectos legislativos y una iniciativa popular promovida por Horacio Rodríguez Larreta, el periodista Luis Majul y el diario La Nación, que si bien no cumplió todos los requisitos fue tenida en cuenta cuando se discutió el despacho.
Si bien esta iniciativa fue votada por unanimidad, se abrió una fuerte discusión sobre la creación de una encuesta nacional, donde no faltó una apelación del diputado Sergio Acevedo para dejar "este debate obsceno" para empezar a discutir los "verdaderos motivos que originaron la pobreza y la exclusión".
"Tenemos que hacer un debate a fondo de las consecuencias del modelo de exclusión social", advirtió el santacruceño Acevedo, en un discurso vehemente que pronunció cuando parecía que no se podía poner fin a la polémica sobre la creación de una encuesta nacional de nutrición.
El proyecto votado por unanimidad, que crea el Programa Nacional de Nutrición, establece que dicho plan "en la emergencia está destinado a cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitadas y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza".
Asimismo se aprobó y giró en revisión al Senado un proyecto de ley que obliga a los organismos del Estado, tanto centralizados como descentralizados, a dar preferencia a las universidades nacionales para la contratación de servicios de consultoría, de auditoría y de investigación.
En los fundamentos del proyecto, sus autores destacaron que "la utilización eficiente de los recursos económicos del Estado nacional debe ser considerada un objetivo prioritario al momento de realizar su distribución". Además, destacaron que la iniciativa -que estará en condiciones de ser tratada el próximo año por el Senado- "pretende otorgar el carácter de preferente a las universidades nacionales, en tanto cumplan los requisitos de calidad e idoneidad, sin generar prejuicios que a través de cobro de elevados honorarios algunas consultoras privadas provocan al Estado.
En su segundo artículo, el proyecto establece que "el Estado deberá otorgar el carácter de preferente a las universidades nacionales que presenten ofertas de igual calidad e idoneidad y un precio igual o no mayor de un 5 por ciento respecto de la mejor opción presentada por los otros oferentes".