De esta manera, los diputados peronistas disidentes -encabezados por el santacruceño Sergio Acevedo y el tucumano Ricardo Falú- que han promovido el juicio político contra los jueces del tribunal buscan volver a instalar el debate sobre la conducta de uno de los miembros de la Corte. Ademas de Falú y Acevedo, suscribieron este pedido el presidente de la comisión de Juicio Político, Arturo Lafalla, Ricardo "Lolo" Gómez, Blanca Osuna, Julio Gutiérrez, Gerardo Conte Grand y la frepasita correntina Araceli Méndez de Ferrari.

Otro que pidió el juicio político es el abogado Ricardo Monner Sans, quien subrayó que "el juez que debiéndose excusar no se excusa incurre en la causal de pedido de remoción". Al pedido de Monner Sans se sumará la diputada frepasista Nilda Garré, quien adelantó que solicitará el enjuiciamiento de Fayt, porque el magistrado cometió "dolo deliberado" al ocultar hasta la víspera un plazo fijo de su propiedad por más de 200 mil dólares.

"Por tener conocimiento de un hecho que implica mal desempeño, tengo la obligación moral de plantear el juicio político. Es clarísimo que Fayt tenía la obligación de excusarse, porque hay una situación por la cual su fallo puede estar teñido de interés personal", remarcó Garré, que integra la comisión de Juicio Político de la Cámara baja.

Por su parte, el presidente Eduardo Duhalde señaló la necesidad de que los tres poderes del Estado sean "muy prudentes" a la hora de abordar el tema de la redolarización de los depósitos y solicitó que se respeten "los derechos de los ahorristas y los deudores".

La decisión de Fayt -de excusarse en la causa en la que se trata la redolarización de los depósitos atrapados en el corralito- rompió la mayoría necesaria (5 votos) para que el fallo sea emitido por el máximo tribunal. Esto retrasará la resolución de la Corte, beneficiando, de hecho, a los bancos, que sostienen que una decisión en ese sentido les provocaría "la bancarrota" porque no podrían afrontar los pagos a los ahorristas.