La decisión fue adoptada durante una atípica sesión que se desarrolló en el auditorium de la Biblioteca Popular, lugar elegido debido a la falta de seguridad para debatir en el recinto de la Cámara baja, que funciona en dependencias de la Casa de Gobierno.

Es que el martes en la Legislatura se denunció la presencia de gente armada durante la primera de las seis sesiones convocadas por el cuerpo para debatir el juicio político de Montiel.

La expulsión de los legisladores de la Alianza Rubén Maín, Ricardo Troncoso, Elena Alfaro, Alvaro Guiffrey, José Cardoso, Gaspar Carlino, Rita Miranda y Marcelo Maidana -todos leales al mandatario entrerriano- fue tomada por unanimidad de los 13 legisladores justicialistas y de los seis aliancistas disidentes.

De esta forma, los diputados entrerrianos avanzaron en la intención de enjuiciar a Montiel y hoy buscarán tomar juramento a los legisladores suplentes de los ocho expulsados, con cuya presencia se podría suspender por 90 días al gobernador.

El Comité Nacional de la UCR emitió un comunicado en respaldo a Montiel, denunció que está en marcha un "golpe institucional" contra el gobernador y exigió una intervención del Gobierno nacional en el conflicto. Para apoyar al gobernador Montiel estuvo por una horas en Paraná el vicepresidente primero del Comité Nacional de la UCR, Juan Manuel Casella, quien se reunió con el mandatario y dio una conferencia de prensa de la sede partidaria provincial.

Asimismo, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que siguen "muy de cerca" el tema de Entre Ríos y revelaron que en las últimas horas el jefe de la cartera, Jorge Matzkin, se comunicó ayer dos veces por teléfono con Montiel.

En esas charlas, el ministro le aseguró al mandatario de Entre Ríos que el Gobierno nacional "propicia una salida constitucional al conflicto", tal vez como una forma de descartar la posibilidad de intervención federal a la provincia.

Sin embargo, hay en Interior mucha preocupación por la situación de la seguridad en la provincia, ya que la Policía local responde al gobernador Montiel y la Gendarmería tendría buena sintonía con el senador justicialista Jorge Busti.

En la atípica sesión de Diputados, los 20 legisladores del "multibloque" decidieron "desconocer" el fallo judicial de "no innovar" que dispuso el juez Santiago Morán, que fue el argumento que esgrimieron los diputados radicales para no dar quórum en más de 15 sesiones consecutivas.

El diputado opositor Eduardo Jodor (PJ) denunció que en la provincia "no existe el estado de derecho" y que en la jornada de ayer existió en la capital de Entre Ríos una situación de "zona liberada".

"La intención declarada de expulsar a los diputados radicales merece ser calificada como un golpe de Estado institucional, destinado al único y exclusivo propósito de apoderarse del Gobierno provincial antes de la terminación normal del mandato del actual gobernador", denunció la conducción nacional de la UCR.

El cuerpo encabezado por el gobernador del Chaco, Angel Rozas, convocó al "ejercicio responsable de las ocasionales mayorías parlamentarias en el ámbito provincial", al tiempo que exigió al presidente Eduardo Duhalde "una rápida y eficiente intervención para evitar un nuevo desborde institucional".