El acuerdo alcanzado entre el justicialismo y el radicalismo asegura poder asegurar que se pueda sancionar la iniciativa en la sesión del próximo miércoles.

El acuerdo sellado entre el justicialismo y el radicalismo allana el camino para poder debatir el miércoles el proyecto en el recinto de sesiones, ya que la colaboración de la UCR es esencial para obtener los dos tercios necesarios para habilitar su tratamiento sobre tablas. En cambio, el provincial Rafael Martínez Raymonda pidió que se retire el proyecto y que el Gobierno haga una reformulación total de la ley de recursos y gastos.

El cavallista Guillermo Cantini firmó en disidencia parcial y el ARI no firmó el despacho y anticipó que votará en contra en general y particular.

Si bien aún quedan algunos puntos para saldar entre las dos fuerzas mayoritarias por lo cual la UCR firmó el dictamen en disidencia parcial, los temas mas controvertidos pudieron ser acordados, como la eliminación de la partida contingente de 3.570 millones de pesos, así como del artículo donde se pedía la ratificación de los decretos referidos a la pesificación.

También se solucionaron las discusiones sobre el rubro educativo, ya que se incorporó una partida de 330 millones de pesos para solventar el pago del primer semestre del Fondo de Incentivo Docente y una suma extra adicional de 160 millones a las Universidades Nacionales.

El dictamen modificó el mecanismo para solventar el Fondo Fiduciario del Gas Patagónico, de manera de conservar los mismos valores de ese subsidio que rondan los 110 millones de pesos. La reforma instrumentada por la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja establece que ese Fondo Fiduciario se financiaría con una tasa del 7 por ciento del valor del crudo a boca de pozo, en lugar de un monto fijo equivalente a 4 milésimos de pesos por metro cúbico de gas natural.

Los cambios para mantener los niveles del subsidio en más de cien millones de pesos fueron incorporados a solicitud de los diputados patagónicos y beneficiarán a las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y a la localidad de Malargue, en Mendoza.

En otro orden, el proyecto prevé los recursos para devolver en bonos el recorte del 13 por ciento a estatales y jubilados, pero deja librado los plazos al Poder Ejecutivo.

El dictamen aprobado incluye un artículo especial en el que se destinan 3.400 millones de pesos para devolver esa deuda y fija algunos parámetros al tipo de título público que se utilizará para pagarlo. Sin embargo, deja librado el cronograma de pago a los jubilados a una decisión del Poder Ejecutivo, que deberá laudar entre la propuesta del Ministerio de Economía y la del Ministerio de Trabajo.

La cartera que conduce Roberto Lavagna propone una devolución con Boden para todos los perjudicados hasta 80 años; de 80 a 85 años cobrarían en 36 cuotas y en 18 cuotas para quienes superen esa edad.

Uno de los temas más novedosos del presupuesto fue la exclusión de la partida contingente de 3.570 millones de pesos, que había sido incorporada por el gobierno para ser utilizada por la próxima administración, y cuya consecuencia será la baja del déficit de 3.904 a 406 millones de pesos.

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Snopek (PJ-Jujuy), aseguró que esta medida de excluir esta partida muestra "el grado de seriedad de los diputados que por primera vez bajan el gasto público global y el deficit a 400 millones de pesos".

El radical Aldo Ostropolsky manifestó también su satisfacción, al recalcar que se aceptaron "los argumentos esgrimidos por el radicalismo en el sentido de que la partida figura como indisponible, lo que implica que esos recursos no existían y como no se podían atender para paliar las múltiples demandas y para no crear expectativas, mejor eliminarlas".

Con esta decisión la pauta global de gastos descenderá de 66.173.001.409 a 62.597.001.409 pesos, mientras que el crecimiento de la economía será del 3 por ciento, la inflación prevista del 22 por ciento y los pagos del servicio de la deuda pública del orden de los 14.000 millones de pesos. Además, el dictamen de mayoría establece la derogación de los decretos que pusieron en vigencia los planes de competitividad durante la gestión del ex ministro Domingo Cavallo, donde se establecían, entre otras medidas, el pago de aportes patronales a cuenta de IVA.

También el proyecto de gastos contempla la restitución del 13 por ciento a jubilados y salarios de estatales y habilita al gobierno a emitir un bono por un monto de 3.400 millones de pesos para saldar el pago del retroactivo por los descuentos producidos desde julio de 2001 hasta diciembre de 2002.