De esta manera, de no mediar ningún tironeo que a último momento resquebraje el consenso logrado la semana anterior entre el PJ y la UCR, el terreno estaría allanado para que, en una sesión que arrancaría el miércoles y podría extenderse hasta el jueves o viernes, la Cámara baja dé media sanción al Presupuesto.

Si se cumplieran estos plazos -para lo cual todo se exhibe como encaminado- la intención de los senadores es sesionar el 26 de diciembre, tras los festejos de la Navidad, con el fin de cerrar el año y este primer tramo del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo con los deberes ya realizados. Así, el año terminaría no sólo con la sanción del vital cálculo de gastos y recursos aprobado, sino también del paquete impositivo impulsado por el oficialismo, que incluye -entre otros proyectos- la prórroga hasta fines del 2004 de la vigencia del impuesto al cheque y la disminución en 5 puntos de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las categorías más altas. También se encuentran incluidas entre esas iniciativas la transformación del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) en un índice porcentual en base al precio de refinería, y la exención del pago del impuesto a los bienes personales a los ahorristas atrapados en el corralito que pasaron a ser tenedores de Boden y de Cedros. Más allá del acuerdo alcanzado el jueves, que permitió la firma de un dictamen mayoritario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los bloques de diputados mantendrán las negociaciones hasta el momento de la sesión, con la intención de afinar al máximo los acuerdos en torno a aspectos puntuales del cálculo de gastos y recursos del Estado.

Uno de los temas más controvertidos que quedarán pendientes es el pago del retroactivo a los jubilados por la retención del 13 por ciento de sus salarios, ya que desde las filas del oficialismo, del radicalismo y del ARI se quiere buscar los recursos para poder abonar ese dinero en efectivo a los mayores de más de 75 años. Las alternativas que se estudiarán en las reuniones que se celebrarán entre el lunes y martes para consensuar los puntos que generan debates es proponer al gobierno que pague a los concesionarios viales en bonos y a los jubilados en pesos, o eliminar algún gasto de pagos a consultorías, informaron fuentes del PJ.

Las negociaciones se celebrarán esencialmente con los radicales ya que el resto de los bloques anticipó que votará en contra en general y en particular del proyecto, con lo cual los sufragios de la UCR serán esenciales para convalidar los artículos más controvertidos.

De hecho, en la reunión de la Comisión de esta semana, el radicalismo al aceptar firmar en disidencia parcial el dictamen permitió que se pueda imprimir en el fin de semana la orden del día indispensable para el tratamiento en el recinto el miércoles, y, por el otro, dejar abierta la instancia de negociación.

En cambio, el provincial Rafael Martínez Raymonda pidió que el oficialismo retire el proyecto de Presupuesto y encare una reformulación total del cálculo; el cavallista Guillermo Cantini firmó en disidencia parcial; y el ARI no firmó el despacho y anticipó que en el recinto votará en contra de la iniciativa.

Una de las decisiones que habilitó el acuerdo entre el justicialismo y la UCR fue la eliminación de una partida contingente o "flotante" de 3.750 millones de pesos que había sido incluida en el proyecto del Ejecutivo y que tenía como fin dejar esos fondos a disposición del próximo gobierno que, según lo previsto, asumirá el 25 de mayo. Otra de las llaves del consenso fue la eliminación del artículo 54 del cálculo de gastos y recursos, que ratificaba los decretos de pesificación, y que generaba fuertes rechazos de los radicales, como así también de varios diputados del justicialismo que se resistían a aceptar su incorporación en el Presupuesto.

Los puntos centrales del presupuesto son los siguientes:

– El deficit previsto será de 406 millones de pesos que se obtuvo al eliminar una partida contigente de 3.765 millones de pesos.

– La pauta global de gastos será de 62.597.001.409 pesos.

– El índice inflacionario previsto para el año está ubicado en el 22 por ciento.

– El crecimiento de la economía se estima en el 3 por ciento.

– Se elimina la poda del 13 por ciento sobre salarios y jubilaciones que se había instrumentado en el gobierno de Fernando de la Rúa.

– Se habilita al gobierno a emitir títulos por un valor de 3.400 millones de pesos para solventar el pago del retroactivo por la disminución del 13 por ciento en salarios y jubilaciones.

– El Plan Jefes y Jefas de Hogar se solventará con una partida de 3.765 millones de pesos.

– El total de los recursos que se destina a gastos sociales será de 37.124 millones de pesos.

– Los recursos destinos al pago de deuda pública son de 14.983 millones de pesos.

– Los gastos de la administración gubernamental son de 7.000 millones de pesos.

– Se establecerá una partida especial para pagar el Fondo de Incentivo Docente.

– Las erogaciones para las Universidades serán de casi 2.000 millones de pesos.

– El Fondo Fiduciario se solventará con un 7 por ciento del valor de boca de pozo del gas natural, en lugar de la suma fija de 4 milésimos de pesos por metro cúbico de gas natural.

– Se elimina el artículo donde se ratificaban los decretos de pesificación de deudas en dólares y sobre el corralito.

– Se autoriza al gobierno a otorgar una partida a Cancillería para hacer los estudios técnicos para fundamentar ante las Naciones Unidas los derechos de soberanía más de las 200 millas marinas.