Los bloques justicialistas no impulsarán, por ahora, una herramienta legislativa para establecer un sistema de mediación en las ejecuciones hipotecarios para no afectar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero encararán tratativas con el Banco de la Nación Argentina para que acepte flexibilizar las condiciones de pago a los morosos del sector agropecuario.
Mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Senadores, Marcelo López Arias, presentó un proyecto de ley para establecer un sistema de mediación que establece que el juez deberá citar a audiencias conciliatorias previo al remate de la vivienda para lograr un acuerdo entre las partes en los casos de ejecuciones hipotecarias.
La iniciativa establece que el juez interviniente, previo a la fijación de la fecha del remate, deberá disponer por única vez la realización de audiencias de conciliación para que comparezcan las partes con sus letrados. Todas estas audiencias deberán realizarse dentro de un plazo máximo e improrrogable de 30 días hábiles, contados desde la fecha del auto del juez que la disponga, y esta convocatoria no podrá ser apelada.
El proyecto firmado también por los senadores Ada Maza y Mario Danieli, establece que este sistema de conciliación se aplicará también para los bienes de las pymes, y que para establecer en qué casos se trata de una pequeña empresa se tomará como base la resolución 675 del 25 de octubre del 2002.
Los senadores citaron para el próximo miércoles a las 11 a los directivos del BNA, para que esa institución que tiene la mayor cantidad de morosos del sector agropecuario, asuma una posición más flexible con los deudores para que puedan cumplir con sus compromisos. La estrategia de los diputados y senadores será encolumnarse detrás de la política del gobierno para apuntalar las negociaciones con los organismos internacionales, ya que existe una carta de intención donde se adoptó el compromiso de respetar la ley de quiebras.
Por ese motivo los legisladores no avanzarán en la sanción de ley que establezca una mediación obligatoria y aguardarán que el Gobierno dicte un decreto donde se establezca algún sistema que abra las negociaciones entre deudores y acreedores previo a las ejecuciones de las viviendas únicas, revelaron fuentes del PJ.