Esta semana se definirá en el Congreso Nacional el futuro de las cuatro leyes impositivas -dos en cada Cámara- que impulsa el Gobierno y que fueron comprometidas por el Poder Ejecutivo ante el FMI.
En Diputados, las leyes que el Gobierno pretende que tengan luz verde son el impuesto a la transferencia de los combustibles (ITC) y la baja de la alícuota de ganancias de 35 por ciento al 30 por ciento. En tanto, el Senado tiene pendiente de aprobación la eliminación de los planes de competitividad y la aplicación de un impuesto a los reintegros por exportaciones.
El Ministerio de Economía reclama que se voten antes del 14 de marzo las reformas a los impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de los Combustibles (ITC), y la eliminación de los planes de competitividad, ya que en esa fecha ya estará enfrascado de lleno en la primera revisión que realizará el FMI sobre el cumplimiento de las metas firmadas con ese organismo.
La aspiración del oficialismo es sesionar el martes a la noche o el miércoles por la mañana en el Senado para convertir en ley el proyecto que grava con Ganancias los reintegros a las exportaciones y votar la iniciativa que otorga facultades al Gobierno para eliminar los planes de competitividad. También espera que el mismo miércoles a la tarde la Cámara de Diputados apruebe la reforma de los impuestos a la Transferencia de los Combustibles y a las Ganancias para rebajar la alícuota del 35 al 30 por ciento, como compensación de la prohibición de aplicar el ajuste por inflación en los balances de las empresas.
De hecho, el justicialismo y el radicalismo alcanzaron un acuerdo parcial que consiste en que la UCR vota la reforma al ITC, para transformar la suma fija en una alícuota variable; y el oficialismo acepta rechazar el veto del artículo 68 del Presupuesto por el cual se destinaban 260 millones a diferentes obras de vialidad en distintos puntos del país.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, aceptó el viernes la posibilidad de que se rechace el veto, aunque advirtió que deberá producirse una reasignación de recursos para evitar incrementos en el gasto público que no están contemplados en el acuerdo con el Fondo Monetario.
Ahora, el oficialismo quiere que ese consenso se extienda a otro proyecto que abre grietas en el radicalismo y en el propio justicialismo que es la rebaja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para compensar la prohibición de aplicar el ajuste por inflación en los balances de las empresas.
Por ello se realizará el martes a las 15 en el despacho del presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, una reunión entre diputados del justicialismo, del radicalismo, de los partidos provinciales, y el Frepaso para terminar de analizar los aspectos centrales de las dos iniciativas. En ese encuentro, los legisladores terminarán de redactar el texto definitivo del proyecto que convierte la tasa fija del ITC en un índice porcentual que se calculará en base al precio de refinería.
Aquí hubo acuerdos entre la mayoría del justicialismo -con excepción de la posición de Arturo Lafalla que insiste con un proyecto alternativo- y la UCR para eliminar un artículo donde se otorgan facultades para aumentar en un 25 por ciento esa alícuota, y excluir al gas licuado de petróleo (garrafas) del gravamen.
En cambio, el acuerdo sobre el Impuesto a las Ganancias se presenta más complicado porque las divisiones afectan tanto al justicialismo como al radicalismo, ya que en cada fuerza hay diputados que propician aplicar en los balances el ajuste por inflación, que es rechazado de plano por el gobierno. Además existen fuertes reclamos de grandes empresarios y productores agropecuarios para que los diputados avancen en una iniciativa que contemple algún mecanismo para que se contemple el impacto de la inflación.
La semana pasada, los productores agropecuarios mantuvieron un tenso encuentro con representantes de los ministerios de Economía y Producción y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el que rechazaron el esquema tributario diseñado para el sector y responsabilizaron a las autoridades por las consecuencias negativas que pueda tener sobre la próxima campaña.
En este contexto, los diputados del PJ y la UCR redactaron una propuesta alternativa que tiene como ejes centrales la rebaja de la alícuota del 35 al 30 por ciento (como establece el proyecto del gobierno), pero fija como fecha para computar el beneficio de enero de 2002 hasta marzo de 2003. También contempla ampliar al 100 por ciento las amortizaciones de bienes de las empresas y suspender por un año el ajuste por inflación, en lugar de derogar ese mecanismo que se utilizó hasta 1994 como se está propiciando desde el gobierno nacional.
En la Cámara alta el camino parece estar más allanado para que los senadores conviertan en ley el proyecto que obliga a pagar Ganancias sobre los reintegros a las exportaciones, y aprobar con modificaciones la iniciativa que faculta al Gobierno a derogar los planes de competitividad.
