La deliberación no pudo concretarse dado que sólo concurrieron 44 de los 129 diputados necesarios para habilitar el tratamiento de este proyecto, que apunta a anular estas leyes para que se pueda investigar y enjuiciar a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

Las iniciativas fueron sancionadas en el gobierno de Raúl Alfonsín en 1987 para terminar con los juicios contra militares y fueron derogadas en 1998 a propuesta de los diputados que integraban en ese momento el Frepaso, Juan Pablo Cafiero, Diana Conti, Alfredo Villalba y Alfredo Bravo.

Walsh impulsa este proyecto desde que asumió su banca a fines de diciembre del 2001 con el argumento de que sólo la nulidad permite investigar y "enjuiciar" a los responsables del "terrorismo de Estado", lo que no permite la derogación de estas leyes ocurridas en 1998.

De hecho, el debate promovido por un conjunto de diputados para anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no es la primera vez que fracasa ya que hace un año se pidió una sesión especial con el mismo fin y también se frustó por falta de quórum.

La sesión, que fue levantada por el presidente del cuerpo Eduardo Camaño, contó con la presencia de la menemista Inés Pérez Suárez, el adolfista Ricardo "Lolo" Gómez, los kirchenianos Sergio Acevedo y Dante Canevaloro, el porteño Gerardo Conte Grand y Saúl Ubaldini. También estuvieron presentes los candidatos a presidente y vice del socialismo, Alfredo Bravo y Ruben Gustiniani y sus pares de bancada Jorge Rivas, Héctor Polino, los aristas Eduardo Macaluse y Marcela Bordenave, los radicales Margarita Stolbizer y Alfredo Martínez. Además lo hicieron los frepasistas Dario Alessandro, Nilda Garré y Rodolfo Rodil; Alicia Castro y Alfredo Villalba del Frente para el Cambio; Francisco "Barba" Gutiérrez del Polo Social y Luis Zamora, del Partido Autodeterminación y Libertad.