Los ex trabajadores de YPF pidieron al Gobierno nacional que "antes del cambio de gobierno" se reglamente la ley 25.471 que reconoce el acceso al programa de propiedad participada de empleados retirados de la empresa estatal antes de 1991 y cuyo pago con bonos figura en el programa del Presupuesto de 2003.
Héctor Rodríguez, ex trabajador de YPF de Tartagal, provincia de Salta, junto a una decena de compañeros de la petrolera privatizada concurrieron a la Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el presidente provisional del Senado, Jose Luis Gioja, a cargo del Ejecutivo y por el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof.
"Nos llevamos ese compromiso a las provincias, viabilizar en el menor tiempo posible y con la seguridad de que antes del cambio de gobierno vamos a tener la 25.471 reglamentada" señaló Rodríguez y destacó que se "está en las instancias finales" del reclamo. Acompañados por la senadora Sonia Escudero y la diputada Beatriz Daer, ambas salteñas, y el diputado radical por Mendoza Víctor Fayad, el gobierno escuchó la alternativa de pago que trajeron los ex trabajadores petroleros, que reclaman entre 51 mil y 100 mil pesos para cada uno.
De todos modos, Rodríguez dijo que Gioja transmitirá el pedido al presidente Eduardo Duhalde hoy tras su arribo al país y aseguró que mientras continúa la negociación con el gobierno por el reclamo "no tiene que haber medidas de fuerza".
Al salir del encuentro, dos dirigentes del movimiento piquetero de Salta fueron detenidos por la Policía Federal en la puerta del Congreso nacional. Se trata de José "Pipino" Fernández y Mario Rearte, sobre quienes pesaba un pedido de captura dispuesto por el juez federal de Salta Abel Cornejo.
La detención de los piqueteros -que quedaron alojados en la comisaría sexta de la Capital Federal- tiene que ver con una causa judicial que tramita en Salta, según la cual los dos piqueteros habían sido beneficiados con la libertad bajo palabra luego de haberse comprometido por escrito ante el juez Cornejo a no participar más de un corte de ruta. Tanto Fernández como Rearte habían sido acusados de "sedición" e "incitación a la violencia" por Cornejo en junio de 2001, cuando se produjo una revuelta sobre la ruta nacional 34 que terminó con la muerte de dos manifestantes en medio de una represión de la Gendarmería.