Acceso a la información del Estado y de los bancos

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley para autorizar a que adquieran estado público una buena parte de las leyes, los decretos y la documentación secreta que el Estado acumuló a lo largo de la historia.

La iniciativa reglamenta el derecho al acceso a la información consagrada en la Constitución Nacional reformada en 1994 con la definición de herramientas concretas para que el ciudadano pueda hacer valer ese derecho.

En otro orden, los diputados convirtieron en ley un proyecto que establece que los bancos extranjeros que no informen a sus clientes el alcance del respaldo de las casas matrices a las operaciones bancarias podrán ser sancionados por el Banco Central. De esta manera, el proyecto votado por unanimidad obliga a los bancos extranjeros a especificar a los ahorristas cual es el verdadero respaldo a sus operaciones bancarias de las respectivas casas matrices.

En ese sentido, el proyecto determina que las entidades financieras locales de capital extranjero deberán "poner en conocimiento del público en general, los supuestos en los cuales las casas matrices o grupo accionario mayoritario de capital extranjero responden por las operaciones bancarias realizadas en a República Argentina y el alcance de la garantía".

Volviendo a la otra norma, la iniciativa surgida de la comisión estipula la posibilidad de clasificar con carácter de reservada la información del Estado, pero prevé que, en ese caso, deberá indicarse la identidad de quien adopta la clasificación, las razones que la fundamentan y las partes de la información que pudieran ser de acceso público.

Además, el proyecto establece que cualquier información podrá ser clasificada por un plazo no mayor a los diez años y que ese plazo tendrá la chance de ser extendido por "períodos sucesivos", cada uno de los cuales "no podrá exceder el plazo de diez años".

De todas maneras, con el fin de que ninguna información pueda permanecer bajo llave indefinidamente, la iniciativa establece que "ninguna información podrá mantenerse como reservada por más de treinta años contados desde su clasificación original a excepción de la que hubiera sido proporcionada por una fuente diplomática". Por otro lado, prevé que una vez que entre en vigencia la ley, "dentro de los doce meses, toda información clasificada como reservada será de inmediato y libre acceso público si la clasificación tiene más de diez años, a excepción de la que sea expresamente reclasificada".

Incluso, uno de los artículos establece que "la información clasificada como reservada será accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido el plazo fijado" cuando no estuvieran detalladas los motivos de la clasificación o cuando "un interés público superior justificare su apertura al público".

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