Por falta de quórum, la Cámara de Diputados fracasó en su intento de votar el proyecto que limita la participación de capitales externos en los medios de comunicación y elimina la aplicación del mecanismo denominado "cram down", que permite a acreedores extranjeros apropiarse de empresas en bancarrota.
La votación de la iniciativa que se iba a convertir en ley dado que tiene sanción del Senado se frustró cuando el ARI, que se opone al proyecto, socialistas y algunos provinciales abandonaron el recinto de sesiones, con lo cual quedó sin quórum. El presidente de la Cámara, Eduardo Camaño, se quejó de la actitud del ARI y criticó la de algunos diputados que propiciaron revertir el orden del Plan de Labor, por el cual primero se votó ejecuciones hipotecarias y luego se iba a tratar el proyecto de bienes culturales.
El proyecto de ley había llegado al recinto con dictamen de mayoría de las Comisiones de legislación General y de Libertad de Expresión, y contempla la preservación de patrimonios culturales nacionales. En este paraguas de "preservación" se cuentan a las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación avanzada y las industrias destinadas a la defensa nacional.
Sin embargo, la mayor polémica que despertó esta ley es la imposibilidad de que empresas extranjeras adquieran la totalidad del paquete accionario de las empresas contempladas en este "paraguas". Sólo el 30 por ciento del paquete accionario podrá ser transferido a compañías con capitales extranjeros y fondos de inversión internacionales, según el texto del proyecto.
Para el articulo 3 del proyecto serán considerados medios de comunicación "los diarios, revistas, periódicos y empresas editoriales en general", asimismo se contemplan "los servicios de radiodifusión y productoras de contenidos audiovisuales. Además, serán incluidas en esta definición los proveedores de Internet y las empresas de difusión en vía pública.
Pese a las quejas de radicales como justicialistas al accionar del ARI y de su jefa Elisa Carrió, quien ya había anticipado cuál iba a ser su postura, la realidad es que su decisión dejó sin posibilidad de alcanzar el piso de 129 diputados para votar ese dictamen. De hecho, el dictamen ha generado diferencias entre los legisladores y por eso no se ha podido votar desde que fue emitido el 3 de julio del 2002, pese a los intentos que surgieron desde el oficialismo para completar el trámite.
El proyecto fue defendido por el justicialista cordobés Eduardo Di Cola, la diputada de Recrear, Fernanda Ferrero y los radicales Leopoldo Moreau, Margarita Stolbizer y Pascual Capelleri, aunque estos criticaron que se mencione el patrimonio cultural, y sólo se dispongan medidas a favor de los medios.
