La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley que autoriza el funcionamiento de máquinas tragamonedas en los bingos instalados en la provincia de Buenos Aires y fija el canon que deben pagar al Estado por la concesión del juego, en la que intervendrá la legislatura.
La iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, se basa en un decreto firmado el año pasado por el gobernador, Felipe Solá, aunque incorporó una comisión bicameral que tendrá injerencia para otorgar las concesiones a las salas de juego, aunque su dictamen no será vinculante.
"El proyecto que aprobamos hoy, crea una comisión bicameral para el seguimiento de las concesiones de salas de juego que podrá hacer dictámenes pero no serán vinculantes para el Poder Ejecutivo", explicó el titular de la bancada de diputados del justicialismo, Juan Garivotto.
El legislador detalló además que el adelanto de 50 millones de pesos que pagaron el año pasado los empresarios del sector como adelanto del canon "será tomado como pago resarcitorio". El proyecto, que había hecho fracasar la sesión de la semana pasada, fue aprobado esta noche con el voto del justicialismo y tres legisladores de bloques minoritarios, ya que el resto de las bancadas no participó de la sesión. En esa oportunidad, las bancadas del radicalismo, del socialismo y del ARI se negaron a bajar al recinto para no favorecer con su presencia la sanción de un proyecto que el diputado radical Juan Pedro Tunessi, autor de la iniciativa en que se basó el decreto del gobernador Solá, consideró "inaceptable".
Entre otras cosas, los legisladores opuestos al proyecto cuestionaban la potestad que dicen tenía inicialmente la comisión bicameral para otorgar habilitaciones y extender concesiones.
El diputado por el Frente Grande, Aldo San Pedro, votó la iniciativa aunque se opuso al artículo que crea la comisión bicameral. "La habilitación de las concesiones vencidas o las que están por vencer es un resorte exclusivo del Poder Ejecutivo en el cual la Legislatura no debe inmiscuirse", dijo San Pedro.
El proyecto, tal como lo hacía el decreto, establece que el 85 por ciento de la recaudación de las máquinas deberá ser destinada a premios. En tanto, de las utilidades brutas, es decir la diferencia entre el monto que ingresa y lo que se paga en premios, el 34 por ciento debe ser ingresado al Estado en concepto de canon y el 66 restante corresponderá a las salas de bingo.
También prevé que la entidad de bien público, titular de la sala, deberá convenir el beneficio económico con el tercero contratante, aunque esa suma no podrá ser inferior al 1 por ciento del beneficio económico obtenido.
