El Congreso avanzó en la sanción del paquete de leyes para combatir y prevenir los secuestros extorsivos, con la sanción del proyecto para ampliar las facultades de los fiscales en el Senado y de las reformas al Código Penal en la Cámara de Diputados.
La sanción de un conjunto de iniciativas para luchar contra los secuestros que han recrudecido en el último año fue reclamada por el nuevo ministro de Justicia, Gustavo Beliz, quien estuvo los últimos días en el Parlamento para acelerar la votación de estos proyectos.
Precisamente Beliz aseguró que los proyectos de ley antisecuestros son una herramienta legal muy importante para combatir este "grave delito". Apuntó que estas iniciativas son importantes porque "incorpora elementos muy importante como el decomiso, el fondo de asistencia a las víctimas, se generan mecanismos de recompensa y agrava las penas".
El ex presidente Eduardo Duhalde impulsó la constitución de la comisión luego que el año pasado se produjera una ola de impactantes secuestros extorsivos que mantuvieron en vilo a la sociedad argentina, golpeada desde hace años por la ola de inseguridad que creció al ritmo de la desocupación.
El oficialismo quería votar en el Senado y Diputados las cuatro iniciativas para que la semana próxima puedan convertirse en ley, pero de todos modos obtuvo la sanción del proyecto para ampliar las facultades de los fiscales en el Senado y de reforma al Código Penal en diputados para agravar las penas y crear la figura del arrepentido.
El espíritu de las modificaciones apuntan a debilitar la cohesión de los secuestradores premiando al arrepentido y a agravar las penas para todos los casos y modalidades de secuestro. En tal sentido, Diputados aprobó y giró el Senado modificaciones a los artículos 23, 41, 142 bis y 170 del Código Penal que se detallan a continuación:
-Se habilita a decomisar la cosa mueble o inmueble donde se mantuvo cautiva a la víctima para financiar su rehabilitación.
-Se reduce la pena en un tercio del máximo o a la mitad del mínimo a los participes o encubridores que proporcionen información sobre dónde se encuentra la víctima.
-Se impone pena de 5 a 15 años para los secuestradores y a 8 años de pena mínima en el caso de que se cobren el rescate.
-Se impone pena de 10 a 25 años si la víctima fuera una embarazada, un menor de 18 años o un mayor de 70. Si se trata de un familiar, si se le causan lesiones a la víctima, si ésta es discapacitada o enferma; cuando el secuestrado es un funcionario público o de las fuerzas de seguridad o cuando del hecho participen más de tres personas.
-La pena será de 15 a 25 años si del secuestro se deriva la muerte del secuestrado. Si la muerte es intencional la pena será de reclusión perpetua.
Por común acuerdo de los bloques, el cuerpo se abocará la semana que viene a la discusión de las normas que imponen un fondo de recompensa para quien aporte datos que ayuden a esclarecer el delito y la sanción del "Programa Nacional de Protección de Testigos".
El proyecto votado por el Senado otorga mayores facultades a los fiscales para actuar sin autorización judicial en los casos de secuestros extorsivos -aun fuera de sus respectivas jurisdicciones- y los habilita a realizar allanamientos, interceptar correspondencia o "pinchar" teléfonos sin orden del juez.
El proyecto implica una reforma del Código Procesal Penal e integra el paquete "antisecuestro" surgido de la comisión de juristas, legisladores y miembros de la fuerzas de seguridad que trabajaron bajo la presidencia de León Arslanian, entre setiembre y diciembre del año pasado, a instancias de una iniciativa del ex presidente Duhalde. El proyecto de modificación del Código Procesal Penal fue defendido en el debate producido en el Senado por el radical Jorge Agúndez, quien integró la "comisión antisecuestro" junto al justicialista Miguel Pichetto.
En cambio, la iniciativa surgida de esa tarea fue cuestionada por el justicialista Jorge Yoma, porque -dijo- "les estamos dando una herramienta a los defensores para que reclamen la nulidad de las pruebas que se obtengan mediante las nuevas facultades que se dan a los fiscales".
Yoma añadió que "el sistema está funcionando bien, lo cual queda exhibido en que el 90 por ciento de los secuestros extorsivos fueron esclarecidos, pero lo que está fallando es la prevención de estos delitos".
