Los diputados justicialistas fracasaron en su intento de dar sanción a la denominada "Ley de Bienes Culturales", al perder la votación del artículo 5 que exceptuaba del sistema del "cram down" a las empresas periodísticas y afines, comprendidas en la norma.
El polémico artículo, que produjo la mayor puja entre el bloque justicialista, que impulsaba la ley, y la bancada radical que proponía modificaciones, fijaba la excepción en la aplicación del "cram down" que privilegia la adquisición de una empresa en proceso de quiebra por parte del acreedor. Al rechazarse por cinco votos la propuesta de la mayoría, el presidente de la Cámara Eduardo Camaño puso a consideración la oferta de la minoría que no exceptuaba del "cram down" a las empresas periodísticas que terminó aprobándose por 99 votos a 47.
Ahora, el artículo aprobado por los diputados a propuesta del radical Pascual Capelleri establece que "cram down" sólo se podrá aplicar cuando participen del mismo empresas nacionales, con lo cual se evita que puedan quedarse con las firmas acreedores extranjeros. Esta modificación introducida por los diputados impidió que la iniciativa se transforme en ley como aspira el justicialismo, con lo cual ahora el Senado tendrá la última palabra como Cámara iniciadora del proyecto.
El justicialismo respaldó con sus votos propios la sanción en general y la mayoría de los artículos, pero tuvo el apoyo del radicalismo para poder conformar el quórum necesario para avanzar en la sanción del proyecto.
Mientras tanto, la mayoría de los provinciales y el ARI no sólo votaron en contra sino que retacearon el quórum exigido de 129 legisladores para poder habilitar la votación del proyecto sancionado hace un año por el Senado.
El proyecto limita a un 30 por ciento la participación extranjera en el paquete accionario de los medios y protege al "patrimonio antropológico, histórico, artístico y cultural", de las empresas dedicadas a la ciencia, tecnología e investigación "avanzada" y a las industrias "relevantes" para la defensa nacional.
El oficialismo tenía especial interés en sancionar sin modificaciones la "Ley de Bienes Culturales" y por este motivo el miembro informante, el justicialista cordobés Eduardo Di Cola, rechazó todas las propuestas de modificación. En el inesperado giro de la ley tuvo especial protagonismo la líder del ARI, Elisa Carrió, que desafió a sus pares a "derogar el cram down pero para todas las empresas y no sólo para Clarín y la Nación".
La legisladora, luego de denunciar el "vergonzoso lobby" realizado por las empresas periodísticas, recordó que el "cram down" se aprobó por "mandato del Fondo Monetario" y propuso beneficiar a todos los grupos nacionales derogándolo.
La ley estipula que sólo un 30 por ciento del paquete accionario de los medios de comunicación -incluyendo servicios de Internet y publicidad en vía pública- puede ser transferido a grupos o acreedores extranjeros.
La aprobación de Diputados pretende proteger la adquisición por parte de grupos extranjeros de empresas nacionales en crisis que dediquen su producción a los contenidos periodísticos y simbólicos de todos tipo, ciencia, tecnología e investigación avanzada y las industrias destinadas a la defensa nacional.
La ley, denunciada por legisladores del radicalismo y del ARI como una norma "hecha a medida" para las grandes empresas periodísticas, produjo profundas diferencias en los bloques del PJ y la UCR en cuanto a la letra fina de aplicación de las norma. Sin embargo, el consenso cruzó todo el cuerpo en cuanto a la necesidad de proteger el patrimonio cultural argentino en una coyuntura económica en donde las empresas pueden adquirirse a un bajo costo internacional.