La comisión está presidida por el tucumano José Falú, quien reemplazó al santacruceño y actual titular de la SIDE, Sergio Acevedo, y se reunirá a partir de las 11 para evaluar el descargo del ministro Fayt. Según fuentes de la comisión legislativa, hoy no habrá una definición sobre la situación de Fayt pero se estudiarán "meticulosamente" los argumentos del ministro que rechazan la acusación.

Así lo consignaron fuentes parlamentarias, quienes detallaron que, en el marco del encuentro de hoy en la sala 344, el oficialismo buscará darle nuevo impulso al análisis de las acusación por mal desempeño que pesa sobre Fayt, cuyo debate había quedado estancado en esa comisión en los últimos meses. De este modo, volverá a instalarse en el Congreso la necesidad de renovar paulatinamente la Corte Suprema de Justicia, luego del frustrado intento encabezado el año pasado por el santacruceño Acevedo, con el fuerte respaldo de la UCR, el ARI y el socialismo y de los justicialistas del grupo Talcahuano.

En esa oportunidad, la acusación incluida en el dictamen mayoritario de la Comisión de Juicio Político había aconsejado la destitución de los nueve ministros que por entonces integraban el Alto Tribunal, pero ésta fracasó en el recinto, en algunos casos por un escaso margen y, en otros, por amplio margen. Por ese motivo, dado que no prosperó la acusación en la Cámara baja, los pedidos de juicio político no pasaron al Senado que, tal como lo establece la Constitución Nacional, es en definitiva el que resuelve si existen razones suficientes para proceder a la destitución de los funcionarios acusados.

Al ministro se lo acusa de mal desempeño en sus funciones por no haberse excusado de pronunciarse en el marco de causas contra el llamado corralito financiero, a pesar de poseer en ese momento un plazo fijo atrapado en el Banco Nación, de 200 mil dólares, que luego canjeó por los títulos Boden. De todos modos, la medida más discutida que analizan los diputados justicialistas, más allá de la propia acusación, es la posibilidad de disponer una discusión provisoria del juez en forma simultánea a la aprobación de la acusación, que habitualmente es una función que cumple el Senado.

De acuerdo con la opinión de algunos legisladores, la Constitución Nacional no establece quién debe proceder a la suspensión mientras dure el juicio, y sólo determina que la Cámara de Diputados actúa de fiscal y el Senado de Tribunal para proceder a un juicio político.

También se indicó que los integrantes de Juicio Político podrían emitir un despacho que defina la situación de Fayt en unos "quince días", una vez repasada la validez jurídica tanto del cuestionamiento como del descargo.

En principio, la comisión considera que tiene atribuciones para suspender a Fayt en sus funciones si existen fundamentos jurídicos como para avanzar en la acusación, que luego deberá girarse al Senado para que juzgue.

Sin embargo, algunos miembros consideran que el pedido de Juicio Político no tiene la suficiente "solidez" como para resistir una defensa preparada por un jurista como Carlos Fayt, como es el caso de la líder del ARI, Elisa Carrió.

Falú estimó que Fayt podría ser suspendido "preventivamente" en su función mientras se sustancia la investigación en su contra ya que es una "facultad" de los legisladores. Al respecto, recordó el caso del juez federal Norberto Oyarbide, quien "estuvo suspendido por el Senado" al tiempo que aseguró que "no está prohibido por la Constitución una medida de esa naturaleza".

Por su lado, se supo que Carlos Fayt no tiene previsto renunciar a su cargo y está dispuesto a "dar pelea en el Congreso" si prospera el pedido de juicio político en su contra. Así lo aseguraron según las cuales para Fayt los legisladores "no tienen ningún argumento como para suspenderlo o destituirlo" y consideraron que "si quisiera renunciar el ministro podría hacerlo hoy mismo".

"Fayt tiene la jubilación otorgada desde hace tiempo y se podría ir a su casa con el mismo sueldo que cobra actualmente", señalaron.