Este, al igual que los otros ocho miembros del Alto Tribunal, logró evitar el proceso de investigación porque el dictamen acusatorio no obtuvo en la cámara de Diputados los dos tercios de los votos necesarios para iniciar el juicio político. Los legisladores del ARI sostienen ahora que el dictamen acusatorio contra Nazareno "no fue rechazado" sino que, simplemente, no se alcanzó el número necesario para presentar el pedido de investigación ante la Cámara baja, y por eso, podrían continuar el caso.

El planteo realizado por Elisa Carrió en la comisión que desde ahora preside el tucumano Ricardo Falú, apunta a que la semana próxima se considere la posibilidad de convocar a académicos y constitucionalistas para que opinen si existe impedimento legal para avanzar en ese sentido.

En tanto, con respecto al análisis del expediente que plantea la acusación del ministro de la Corte, Carlos Fayt, la Comisión de Juicio Político resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta la semana próxima o la subsiguiente, con el fin de que cada bloque analice el expediente y defina su posición.

La idea de enjuiciar a Nazareno fue respaldada expresamente por los legisladores del radicalismo y también recibió el guiño del justicialista Gerardo Conte Grand, quien se integró a la comisión en el espacio que dejó vacante el ex titular de ese cuerpo asesor, el ahora titular de la Side, Sergio Acevedo. De esta manera, cuando el jueves próximo o en quince días vuelva a reunirse la comisión, los diputados pondrán formalmente en consideración una presentación realizada anoche por Carrió en la que sugiere la conformación de una subcomisión que analice la admisibilidad de una insistencia en los cargos contra Nazareno.

Los legisladores de la Comisión de Juicio Político también evaluarán la posibilidad de convocar a prestigiosos juristas, constitucionalistas y académicos con el fin de que ofrezcan sus interpretaciones de la Carta Magna en lo que hace a la posibilidad de reflotar un proceso de juicio político. En este sentido, tanto Carrió como Conte Grand y los radicales Hernán Damiani y Carlos Iparraguirre coincidieron en señalar que en los casos de las acusaciones que el año pasado cosecharon en el recinto más de la mitad de los votos pero no alcanzaron los dos tercios requeridos por la Constitución, éstas no deben considerarse rechazadas sino archivadas, lo que habilitaría su reconsideración.

En este marco, en sintonía con lo planteado por el ARI, Damiani adelantó que el bloque de la UCR presentará en los próximos días nuevos pedidos de juicio político "contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, empezando por Nazareno, que fue el que más cargos en su contra concentró".

Con respecto al expediente Fayt, al que la comisión busca darle nuevo impulso con el empuje del oficialismo, luego de que su estudio permaneciera estancado en los últimos meses, los diputados resolvieron pasar a un cuarto intermedio de una o dos semanas a la espera de una definición en el seno de los bloques.

En este sentido, Falú, el flamante titular de la Comisión de Juicio Político -elegido con el respaldo unánime de los bloques que participan de ese cuerpo-, señaló en declaraciones a la prensa al término de la reunión, que existe "una opinión mayoritaria en respaldo a una eventual acusación" del ministro de la Corte. Además, el justicialista integrante del llamado grupo Talcahuano, cuyo referente en Diputados era Acevedo, detalló que "se está discutiendo" la posibilidad de impulsar, simultáneamente con la eventual acusación contra Fayt, la suspensión provisoria del ministro por parte de la Cámara de Diputados.

Para el caso del titular de Corte Suprema, a los cargos acumulados en la etapa de recolección de informes que se realizó el año pasado se sumó un fallo que sancionó al juez Héctor Magariños, cuando la facultad de aplicar sanciones corresponde al Consejo de la Magistratura. "Creo en la figura del arrepentido parlamentario. Espero que los que ayer votaron la impunidad de la Corte, ahora acompañen el juicio", sostuvo la diputada Elisa Carrió al término de la reunión de la comisión legislativa.

En el caso de Fayt, la principal acusación está vinculada con que el magistrado no se excusó de intervenir en una causa sobre el corralito financiero mientras tenía dinero "atrapado", y pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana.

"Vamos a analizar la posibilidad de abrir otros juicio bajo el concepto de que no hubo 'juicio pleno', cerrado definitivamente, que impida su juzgamiento", explicó el titular de la Comisión de Juicio Político.

Fayt, por su parte, aseguró que lo están sometiendo a un "ataque exclusivamente político", y sostuvo que lo hacen porque es un juez "independiente". De esa manera, el ministro del alto Tribunal salió al cruce de la ofensiva que se registra en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde comenzarán a analizar el proceso de enjuiciamiento en su contra.