El justicialismo buscará avanzar esta semana en las cámaras de Diputados y Senadores con la sanción del paquete de leyes que otorga herramientas a la justicia para prevenir y combatir con mayor eficacia los secuestros extorsivos, un delito que ha recrudecido en los últimos años.
El oficialismo espera poder convertir en ley en el Senado el proyecto que crea la figura del arrepentido y agrava las penas del delito de privación ilegítima de la libertad y dar media sanción en Diputados a las iniciativas que crean un Fondo de Recompensa y de Protección a los Testigos. De este modo, el oficialismo quiere cumplir con su compromiso asumido ante el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, de tener aprobadas en el menor plazo posible las cuatro leyes antisecuestro que contemplan reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal.
Por lo pronto, Beliz ratificará la voluntad del gobierno de contar con estas leyes cuando concurra el próximo martes a la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en una reunión en la cual el ministro delineará la política que instrumentará en esa cartera.
El Congreso avanzó la semana pasada con la sanción de dos proyectos que componen el paquete antisecuestro diseñado por una comisión asesora, pero se estima que demandará quince días completar la votación de estas iniciativas.
De todos modos, el oficialismo espera poder convertir en ley el miércoles en el Senado el proyecto que propone aumentar las penas para el caso de secuestros y establece la creación de la figura del arrepentido para ayudar a esclarecer esta nueva metodología de delitos. En ese sentido, el proyecto crea la figura del arrepentido y establece que al delincuente que haya ayudado a permitir que el secuestrado recupere la libertad se le reducirá la condena a un tercio de la mitad que le hubiera correspondido de acuerdo a la gravedad del delito.
Además, el proyecto propone aumentar penas- es decir que se podrá aplicar hasta 25 años de cárcel- cuando los secuestros tengan como víctima a una embarazada, a un menor de 18 años, un mayor de 70 años o una persona discapacitada, enferma o que no puede valerse por sí misma.