Así lo anunció el ministro de Economía y Producción, Roberto Lavagna, quien señaló, además, que entre setiembre y diciembre próximo se iniciará la "etapa de ofertas" del proceso de renegociación con acreedores externos, y se intentaría poner en marcha un mecanismo por el cual la Argentina pagaría según el nivel de crecimiento de su economía. En materia de tarifas, Lavagna aclaró que el proyecto fue elaborado en conjunto con su par de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.

Con ironía, Lavagna señaló que "la renegociación de los contratos ya comenzó, lo que no hay es resolución, y no por culpa del Ejecutivo, sino por resoluciones judiciales". Explicó que se enviará un proyecto de ley para "poner en claro" que el Estado es el único encargado de fijar las tarifas de servicios y que no pueda ser interferida por disposiciones judiciales.

No obstante, Lavagna reconoció que si bien este proyecto le da autonomía al Ejecutivo para decidir los cuadros tarifarios, éstos después tendrían que ser autorizados por el Congreso.

Al hablar en el vigésimo Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, Lavagna dijo que el presidente Néstor Kirchner tiene a la firma un decreto por el cual se pone nuevamente en funcionamiento la Comisión Renegociadora de contratos de servicios públicos.

Por su parte, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, dijo que es preocupación del gobierno encontrar una estructura tarifaria que contemple la problemática social, y aseguró que "no está en carpeta" la posibilidad de convocar a un plebiscito para tratar el tema. "Es indispensable una respuesta social", enfatizó De Vido y agregó que "en la Secretaría de Energía estamos trabajando sobre el tema, y desde mi área estoy hablando con Patricia Vaca Narvaja (subsecretaria de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor)".