Con la participación de varias comisiones, el Senado nacional avanzó en un proyecto de ley que crea una Tarifa Social para beneficiar a los usuarios de bajos recursos con descuentos en las facturas de los servicios de agua, luz y gas.
El Senado busca avanzar en la reglamentación definitiva de una ley que beneficie al segmento más pobre de la población, más allá que haya una renegociación de contratos o recomposición tarifaria, según explicaron los integrantes de las comisiones de la Cámara alta vinculados al tema.
Con el objetivo de no demorar la ley, el Senado convocó a audiencia pública a los representantes de los entes reguladores y a las asociaciones de usuarios y consumidores, que expusieron sus visiones respecto a la posibilidad concreta de implementar este régimen, que ya tiene media sanción de Diputados.
La reunión realizada en el Anexo de la Cámara alta sirvió para que las partes interesadas definan "el concepto de tarifa social, el grupo beneficiario y la carga impositiva", pilares básicos de este proyecto de ley.
Entre los puntos importantes que falta consensuar en el texto del proyecto se cuenta la definición de quiénes podrán contar con descuentos en los servicios.
En el seno de las comisiones se analizan dos alternativas: beneficiar a los usuarios según los niveles de consumo, o por su condición social.
El senador Gerardo Morales, del partido Frente Cívico Jujeño, titular de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, destacó "la participación voluntaria de las partes interesadas en el proyecto".
"Los hemos convocado con la intención de contar con la mejor información técnica de parte de los entes reguladores y conocer sus experiencias, pero también contar con la opinión de las empresas, los usuarios y los funcionarios del área", dijo Morales.
Ahora, los legisladores tienen previsto reunirse en 15 días con funcionarios del Ministerio de Economía para conocer la postura del Gobierno sobre el tema.
Según resumió el senador Morales, la mayor parte de estos proyectos contemplan la exención del IVA para estas tarifas y también una reducción adicional de entre el 10 y el 20 por ciento.
Respecto al alcance, todos coinciden en que son los sectores carenciados, pero algunos lo limitan a los beneficiarios de los planes jefes y jefas de hogar y planes alimentarios, mientras que otros condicionan la rebaja a que los usuarios tampoco tengan ni cable ni teléfono.
Los entes reguladores de servicios públicos coinciden con estos conceptos pero expresan cierta preocupación respecto a si será el Estado, las empresas o los usuarios quienes financien esta rebaja, y piden al mismo tiempo un registro de beneficiarios constantemente actualizado y un organismo nacional de control.
Emilio Nadra, representante del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas) en esta audiencia, introdujo a la discusión el problema de los usuarios que no tienen acceso a las redes y que utilizan como sustituto Gas Licuado de Petróleo (GLP), siete veces más caro que el gas natural y con una incidencia del 40 por ciento (contra el 10 por ciento) sobre el ingreso de los más pobres.
El representante del Ente Nacional Regulador de Energia (Enre), Marcelo Bieach, señaló cuando se defina de dónde vendrán los fondos que financien esta tarifa social, es necesario tener en cuenta la prohibición legal de establecer subsidios cruzados. También advirtió que "bajo consumo no implica bajos ingresos" y subrayó la excesiva carga impositiva que tienen las tarifas, que en algunos casos llega al 30 por ciento.
El Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) aportó allí su experiencia, dado que ya están subsidiando con 4 millones de pesos anuales a las familias con problemas económicos y también a clubes y comedores que presten servicios sociales al segmento de población más carenciada.
Para determinar quiénes son los beneficiarios se recurrió a los municipios, organizaciones vecinales y de usuarios, y organismos de defensa del consumidor, y se fijó como parámetro un ingreso promedio de 255 pesos, facturas por 21 pesos bimestrales y una incidencia del costo del servicio del 2,9 por ciento sobre el ingreso del hogar. Hoy, el descuento es del 43 por ciento en promedio y alcanza a unas 50.000 familias, pero el objetivo es que en el corto plazo alcance a 100 mil.
