La Comisión de Juicio Político de la Cámara baja buscará esta semana reforzar su estrategia para avanzar del modo más sólido posible en una eventual acusación contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, al analizar si corresponde incorporar nuevas denuncias en su contra.
De esta manera, los legisladores de la comisión que el jueves último dio inicio formal al proceso de juicio político contra el presidente del máximo tribunal pondrán todas sus energías en terminar de definir las causales con las que sostendrán un eventual dictamen acusatorio por "mal desempeño de sus funciones y falta de decoro".
El presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, Ricardo Falú, ratificó que el procesamiento de miembros de la Corte se hará "caso por caso y juez por juez", para que "la sociedad" conozca "cada situación" de los integrantes del tribunal. "Más allá de que existen 70 denuncias contra distintos jueces nos vamos a abocar a los 10 nuevos casos absolutamente independientes a los juzgados el año pasado, para que haya en la sociedad mejor conocimiento de cada caso, de cada cargo, de cada situación", explicó Falú.
El diputado justicialista aseguró que "hay causales" para que el presidente de la Corte, Julio Nazareno, sea removido del cargo, aunque advirtió que se debe "esperar que se completen las pruebas".
En la reunión de la comisión que se desarrollará el jueves al mediodía en el edificio anexo de Diputados, los legisladores evaluarán la admisibilidad de una denuncia presentada por la UCR por el denominado caso Meller Sociedad Anónima que, según coinciden los bloques, reflejaría el mal desempeño de Nazareno como juez de la Corte.
A esa denuncia se sumarían también otras por falta de decoro que serían impulsadas tanto desde el bloque oficialista como desde la UCR y el Frepaso por las afirmaciones realizadas a la prensa en la última semana por Nazareno que -según los legisladores- incluyeron una implícita presión a los otros poderes del Estado y también conceptos impropios para un juez del Alto Tribunal.
La incorporación de estas denuncias al expediente abierto contra Nazareno se sumaría entonces al estudio del llamado caso Magariños, cuya admisibilidad fue declarada esta semana por la Comisión de Juicio Político, al igual que el pedido para que juristas opinen sobre la viabilidad de reflotar las causales por las que el año pasado había sido acusado el ministro.
Si bien esa reunión los legisladores acordaron dar curso a un pedido del ARI para consultar a especialistas en derecho constitucional sobre la posibilidad legal de reingresar las viejas causales, lo cierto es que desde el oficialismo hubo luego claras señales en contrario a esa opción, por considerar que se avanzaría en terreno más firme simplemente con las nuevas denuncias.
De hecho, el propio presidente de la bancada justicialista, el bonaerense José María Díaz Bancalari se manifestó abiertamente en contra de esa posibilidad al afirmar que no compartía la postura de "tratar de revivir las anteriores causas" porque implicaría "darle una oportunidad a la defensa (en alusión a Nazareno) de argumentar que se trata de `cosa juzgada`".
"Estoy seguro de que se tendría que aplicar la suspensión preventiva en algunos casos extremos, pero no vamos a llevar esa discusión para no demorar el trámite" del juicio político, sostuvo el legislador.
Díaz Bancalari consideró por el mismo motivo, que tampoco debería abrirse la discusión sobre la actualización de los viejos cargos contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ya que podría "derivar en una discusión inacabable". En ese sentido, estimó que lo más conveniente es avanzar directamente en la investigación sobre las nuevas acusaciones contra los magistrados en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Destacó que si bien "el caso más avanzado es el de Carlos Fayt, que podría tener dictamen la próxima semana", marcó como un punto de inflexión "el caso de Julio Nazareno", titular de la Corte Suprema.
Para el presidente del bloque de diputados justicialistas, Nazareno incurrió "por lo menos en una falta de decoro" con sus expresiones vinculadas con la posibilidad de que el alto tribunal emita fallos que afectarían la "gobernabilidad".
Al solicitar la incorporación del llamado caso Meller al expediente abierto para evaluar el desempeño de Nazareno, la UCR esgrimió que, en ese caso, correspondiente a noviembre último, Nazareno había admitido "un despojo al patrimonio estatal" al convalidar el pago de una suma de 29 millones de pesos a la firma Meller, contratista de la ex ENTEL, que había sido dispuesto por una resolución de su entonces liquidadora, María Julia Alsogaray.
Esta causa, entonces, se sumaría al estudio ya iniciado del caso Magariños, por el cual se acusa al titular del Máximo Tribunal de haberse excedido en sus funciones al aplicar una sanción económica contra el juez y profesor Héctor Magariños por haber emitido su opinión en el ámbito académico sobre un caso judicial ya definitivamente resuelto en la Justicia.
El pedido de juicio político por esta causal -impulsado por el ARI y por el radicalismo, y que recibió el visto bueno del conjunto de la Comisión de Juicio Político- pone la lupa sobre la actitud del juez por considerar que se habría excedido en sus funciones al determinar una sanción contra un magistrado cuando se trata de una facultad exclusiva del Consejo de la Magistratura.
