Otras cuatro denuncias fueron incorporadas al proceso de juicio político iniciado en la Cámara baja contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, que, sumadas a la aceptada la semana pasada, conformarán la base de un dictamen que el oficialismo aspira a llevar al recinto a mediados o fines de julio.
Así fue resuelto durante una reunión que se desarrolló este mediodía de la Comisión de Juicio Político, que declaró por unanimidad la admisibilidad de los cuatro pedidos de juicio político presentados contra Nazareno, uno de ellos impulsado por el PJ, otros dos por el radicalismo y un cuarto por el ARI.
La denuncia del PJ -basada en una propuesta de Eduardo Di Cola y Jorge Obeid- acusa a Nazareno de mal desempeño de sus funciones por sus afirmaciones de la última semana, que incluyeron -según los legisladores- una implícita presión a los otros poderes del Estado y conceptos impropios para un ministro de la Corte.
Al respecto, el jefe del bloque de Diputados del PJ, José María Díaz Bancalari, aseguró que los integrantes de su bancada respetarán "todas las reglas" si prospera un dictamen acusatorio contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno.
"Hasta tanto no conozcamos todas las pruebas de cargo y la posición del descargo, no es prudente hacer formulaciones de apoyo o no (al juicio político). En esto tenemos que ser respetuosos de todas las reglas para avanzar a fondo y no tener ningún fracaso", aseguró Díaz Bancalari. El legislador se ocupó de aclarar que oficialmente "hasta ahora" su bancada no determinó "nada" sobre el tema del juicio político.
Una de las denuncias del radicalismo se refiere al llamado caso Meller, en el que Nazareno admitió "un despojo al patrimonio estatal" al convalidar el pago de una suma de 29 millones de pesos a la firma Meller, contratista de la ex ENTel, que había sido dispuesto por una resolución de su entonces liquidadora, María Julia Alsogaray, cuestionada por la Sigen y la Procuración del Tesoro.
En tanto, la otra corresponde al caso Macri, que cuestiona a Nazareno por haber rechazado, junto a otros ministros de la Corte, el estudio a fondo de una causa que disponía la absolución de Francisco Macri y otros imputados por los delitos de evasión fiscal y presunto contrabando, a raíz de una denuncia de la DGI que imputaba a directivos de Sevel y Oplasen.
En lo que hace al ARI, la denuncia presentada por Graciela Ocaña y Atilio Tazzioli le adjudica a Nazareno haber incurrido en "prejuzgamiento" cuando en noviembre pasado, una vez frustrado en Diputados el proceso de juicio político contra los miembros de la Corte, anticipó su postura en favor de la inconstitucionalidad del llamado corralito financiero.
Así es que, con la admisibilidad declarada de estas cuatro denuncias, el total de cargos sobre los que se basará la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja para emitir un dictamen sobre el desempeño de Nazareno suman cinco, dado que los nuevos se adicionaron al caso Magariños, ya incorporado la semana pasada al proceso de juicio político.
Si bien ningún legislador quiso aventurar una postura definitiva sobre la conducta de Nazareno antes del análisis minucioso de las denuncias y del descargo, lo cierto es que todo parecería indicar que la comisión se encaminaría a emitir un dictamen favorable a la acusación del ministro ante el Senado.
A todo esto, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, vinculó el avance del proceso de juicio político en su contra al fallo sobre la redolarización que estudia el máximo tribunal, al tiempo que ratificó que no renunciará para no irse "linchado".
"No me voy para poder defender las instituciones; no me voy para no irme linchado", remarcó Nazareno.
El titular de la Corte fue taxativo al afirmar que "yo decido cuándo me voy", aunque luego dejó entrever que podría alejarse del cargo cuando "se aquieten las aguas".
