La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobaría el jueves próximo un dictamen acusatorio contra el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, y de esta forma el caso se trataría en una sesión especial de la Cámara baja.
Ese día, la comisión trataría el pedido de enjuiciamiento contra el titular del Alto Tribunal por mal desempeño en sus tareas, mientras que el plenario de la Cámara se reuniría en la segunda semana de julio.
Nazareno tendrá a partir del momento de la confirmación de los cargos en su contra cinco días para realizar su descargo. De esta manera se acelerará la embestida contra el ministro de la Corte y según expresaron algunos integrantes de la comisión parlamentaria, el dictamen de acusación estará "en condiciones de ser tratado en el recinto antes de lo previsto".
En ese marco, surgieron dos posibilidades concretas, una es que Nazareno sea citado para que explique públicamente su actuación y se defienda de las acusaciones que lo tienen como protagonista. Asimismo, si el tratamiento del juicio político llega a la Cámara de Senadores, este cuerpo tiene la atribución de suspender al juez hasta que su situación quede definida.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el tucumano José Falú, aclaró que si el presidente de la Corte Suprema, Julio Nazareno, renuncia a su cargo, "automáticamente queda archivado el juicio" que se sigue en su contra.
El legislador explicó que en caso de que renuncie el magistrado cuestionado "automáticamente queda archivado el juicio, más allá de los análisis de si esto es conveniente o no", porque "técnicamente la renuncia implica el archivo 'ipso facto' del expediente".
El tucumano, miembro del denominado "Grupo Talcahuano" que promovió el año pasado el juicio a la Corte, señaló que el número de integrantes del máximo tribunal no es un problema: "No importa que sean cinco, siete o nueve, sino que sean hombre íntegros, académicos e independientes".
Falú enumeró que los futuros ministros de la Corte deberían garantizar "que no apliquen las políticas partidarias, que no beneficien amigos, que sus sentencias sean apegadas a la ley y que no actúen como cómplices o encubridores".
"Creo que discutimos las formas porque estamos disconformes con la esencia", señaló el legislador en el marco de un intenso debate parlamentario sobre el número de jueces que deben integrar el máximo tribunal de Justicia.
En tanto, el titular del bloque oficialista de la Cámara baja, José María Díaz Bancalari, afirmó que los diputados tiene la intención de "avanzar con firmeza en el caso", pero advirtió que no van a hacer una "caería de jueces de la Corte".
"Si hay denuncia, se avanzará como corresponde. Si es sólida se la investigará; si no se la desechará. No es nuestra intención avanzar en un caso y luego mirar al costado. Pero tampoco vamos a hacer una cacería de jueces", sostuvo Díaz Bancarlari en declaraciones a un matutino porteño.
En tanto, el diputado nacional Darío Alessandro presentó un nuevo pedido de juicio político contra el ministro Nazareno, por cobrar un beneficio del 35 por ciento de sus haberes en concepto de "desarraigo".
El pedido de Alessandro fue presentado el pasado viernes a última hora en la mesa de entradas de la Cámara baja y se fundamentó en que "desde hace más de doce años, y aún hasta la actualidad, el juez Nazareno cobra un beneficio del 35 por ciento del sueldo en concepto de 'desarraigo, cuando está comprobado que vive en la ciudad de Buenos Aires".
Este concepto salarial, para el legislador frepasista "es manifiestamente irrazonable, inconstitucional e ilegal" y razonó que "cada mes que Nazareno retira su liquidación de haberes se provoca perjuicio fiscal y un enriquecimiento indebido de este magistrado".
