El presidente de la Comisión, el tucumano Ricardo Falú, señaló que esperan que en las próximas 48 horas la Corte Suprema y el Consejo de la Magistratura remitan a la cámara baja "elementos probatorios" solicitados en relación con las acusaciones contra Nazareno.

Falú marcó, como paradoja, que el cuestionado Nazareno preside los dos organismos que deben facilitar información a los legisladores ya que, de acuerdo con la normativa vigente, el titular de la Corte también está a cargo del Consejo de la Magistratura.

Falú hizo un análisis del estado de la investigación sobre la conducta de Nazareno que está realizando la comisión, y del contexto político que existe para poder llevar adelante una acusación que requiere mayorías calificadas tanto en la Cámara de Diputados -que actúa en su función de fiscal- como del Senado, en su condición de tribunal. De hecho, la Comisión de Juicio Político espera poder concluir en los próximos diez días la etapa sumarial para poder trasladar los cargos y que Nazareno ejerza su derecho a la defensa, y así comenzar a diseñar el despacho que el oficialismo impulsará para debatir en el recinto de sesiones a medidos de julio.

Falú aseguró que "a esta altura del avance del procedimiento de juicio se puede decir, de acuerdo a las probanzas y al consenso político que existen en los distintos bloques del parlamento, tanto del justicialismo, del radicalismo como el ARI y del Frepaso que colocarían a Nazareno en una situación grave".

"Las pruebas y las circunstancias políticas indicarían que estamos en un camino inexorable hacia a la acusación del doctor Nazareno" apuntó Falú, quien destacó que por los consensos políticos que se están construyendo "se avizora con holgura los dos tercios de la acusación que no tuvimos el año pasado, en un complicado contexto político". En ese sentido, Falú recordó que el año pasado el entonces presidente Eduardo Duhalde "había impulsado el juicio político y había calificado de chantaje al fallo Smith, pero luego tuvo que adoptar una posición de mayor prudencia por la difícil situación política y económica que se estaba viviendo".

"Por lo cual, no se pudieron alcanzaron los votos en el recinto porque hubo un retraimiento de sectores justicialistas que consideraban que no era el momento oportuno", explicó.

Sobre la actual posición del PJ, Falú dijo que "el bloque justicialista ha aprobado todo lo actuado hasta el momento sin perjuicio de la opinión final que dará cuando presentemos un informe del dictamen final, pero todo indica que hay una clara posición en el sentido de avanzar en el juicio político a Nazareno". Además, aclaró que este enjuiciamiento no fue impulsado como respuesta al discurso del presidente Néstor Kirchner, ya que "una semana antes la Comisión abrió el procedimiento de juicio político sobre la conducta de Nazareno".

"Con estas declaraciones quiero dejar bien en claro que en nuestro ánimo no van a influir expresiones de lo que son adversos o de los que adhieren a Nazareno, ni unos ni otros, ni encuestas ni nada, sino que únicamente se va a formar nuestra convicción por las pruebas que estamos acumulando para fundamentar nuestra posición", agregó.

Mientras tanto, el titular del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Horacio Pernasetti, aseguró que existe "confianza en que prospere" el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Julio Nazareno, porque "está probado el mal desempeño en sus funciones".

"Desde el 91 que el radicalismo viene promoviendo juicio político en contra de los miembros de la Corte y confiamos en que esta vez se van a lograr los votos necesarios para el juicio", manifestó Pernasetti, quien consideró probable que a las nuevas cinco acusaciones contra el titular del Alto Tribunal que comenzó a analizar la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja sean sumados los 44 cargos del pedido de juicio político contra Nazareno que quedó frustrado el año pasado.

Ese pedido fue expresamente planteado por la UCR y el ARI en el seno de la comisión presidida por el justicialista Ricardo Falú, por lo que el cuerpo asesor procedió a realizar una consulta a especialistas en derecho constitucional para que evalúen sobre la legalidad o no de reflotar las viejas causales.

Mientras tanto, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado intentará emitir hoy un dictamen en torno a las iniciativas que proponen incorporar el mecanismo de audiencias públicas previo a la aprobación de los pliegos de eventuales nuevos miembros del Alto Tribunal.

En el marco de una reunión de la comisión encabezada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, los legisladores buscarán avanzar en los consensos necesarios para dar despacho favorable a la iniciativa que busca abrir a la participación de la ciudadanía la designación de los ministros de la Corte. Estas iniciativas -una de ellas impulsada por la propia Fernández de Kirchner y otra por su par de bancada Jorge Yoma- proponen incorporar una modificación al reglamento de la Cámara alta con el fin de obligar a la Comisión de Acuerdos a convocar a una audiencia pública previo a emitir dictamen sobre un pliego.

Específicamente, el proyecto de resolución promovido por la esposa del presidente Néstor Kirchner sugiere establecer este mecanismo de las audiencias públicas en el tratamiento de pliegos correspondientes a la designación de miembros de la Corte Suprema de Justicia por parte del Poder Ejecutivo.

En tanto, la iniciativa impulsada por Yoma amplía la utilización del resorte de las audiencias públicas previo a que el Senado preste acuerdo a cualquier designación que deba remitir el Poder Ejecutivo para obtener su aval.

De acuerdo con lo establecido por la Constitución Nacional en su artículo 99, es competencia del Poder Ejecutivo Nacional designar a miembros del Alto Tribunal de Justicia con el acuerdo de los dos tercios de los miembros presentes en sesión pública del Senado convocada a tal efecto.

Sin embargo, previo a la realización de esa sesión en la que la Cámara alta debe convalidar o no la designación de estos magistrados, la Comisión de Acuerdos -actualmente a de Jorge Busti (PJ)- debe analizar los pliegos remitidos por el Ejecutivo para evaluar la idoneidad del postulado para ocupar el cargo.