La Cámara de Diputados dio una nueva señal de respaldo a la política del Gobierno para solucionar la crisis desatada en el PAMI al convertir en ley, en un trámite veloz, el proyecto que habilita al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir la obra social de los jubilados por 180 días.
De este modo, el presidente Néstor Kirchner tendrá una nueva herramienta legal para encauzar la problemática existente en el PAMI desde que los directores Reynaldo Hermoso -ligado a Luis Barrionuevo- y Domingo Petrecca se resistieron a los cambios impulsados por Juan González Gaviola y José Graneros. El presidente del bloque de diputados José Díaz Bancalari reiteró que el objetivo "no es la intervención de la obra social", sino "establecer por consenso un mecanismo para asegurar la salud de los jubilados para que se conviertan en los privilegiados". "No hay voluntad del Poder Ejecutivo para tomar el PAMI como un botín de guerra", disparó el bonaerense Díaz Bancalari.
La ley, aprobada con el voto de justicialistas y radicales, modifica la normativa de creación de la obra social de jubilados y pensionados al disponer, en el artículo 15, que el Poder Ejecutivo pueda intervenir la conducción mediante una razón fundada por un plazo no mayor a 180 días. Anteriormente era el Congreso el único órgano estatal que podía decretar la intervención al PAMI, previo informe de la Auditoría General de la Nación que avalara tal medida.
Durante la sesión, la discusión entre los diputados circuló en torno a la conveniencia de extender al Ejecutivo una facultad que hasta hoy era exclusiva del Congreso. En tal sentido, Díaz Bancalari negó que exista una "delegación de facultades" como sostuvieron el ARI y el socialismo ni tampoco "una política de apriete".
El socialista Jorge Rivas sostuvo la posición contraria al afirmar que en el Gobierno "no están dispuestos a intervenir el PAMI sino a negociar una salida para el PAMI", y consideró que "la experiencia con la delegación de facultades al Ejecutivo tendría que servir de escarmiento para no repetir la experiencia".
"Si hay voluntad real de avanzar sobre la corrupción lo que debemos hacer es proceder a resolver la intervención del PAMI, una facultad que tiene este Congreso", propuso Rivas.
Los diputados que solicitaron abstenerse en la votación, expresaron sin embargo su acuerdo sobre la necesidad de intervenir la obra social, pero a través del mecanismo que estipula la ley original y sin la intervención presidencial.
Si bien la votación fue a mano alzada por la claridad de las posiciones políticas de cada bloque, expresaron su voto contrario los diputados Luis Zamora y José Rosselli, y la diputada de Recrear, Fernanda Ferrero.
La presidente de la Comisión de Previsión Social, María América González, también se opuso a la iniciativa del Ejecutivo al sostener que apoyaría "la intervención por derecho pero no como producto de una interna".
Desde la oposición, el radical Aldo Neri aseguró: "Hemos planteado que de ninguna manera se puede excluir el análisis de los problemas estructurales del PAMI. La crisis no se va a resolver con una mejor conducción o con parches de reformas circunstanciales".
En tanto, el jefe de la bancada radical Horacio Pernasetti reafirmó que la UCR votará a favor de esta ley reclamada por el Gobierno, pero dijo que esperaba que "se cumpla con la promesa del presidente Kirchner de que se terminó con la política del toma y daca y que esta ley no sirva para el toma y daca".
En el oficialismo no se escucharon voces disconformes, con excepción del barrionuevista Ovidio Zuñiga, quien señaló que esta ley es producto de la "necesidad del Ejecutivo de marcar pautas conductivas en la República" y advirtió que "en el afán de marcar esa línea se puede caer en el autoritarismo". Además, concluyó su discurso recordando la frase del alemán Bertol Brecht, quien dijo que "primero se le llevaron a los negros, luego a los judíos y ahora me llevan a mi pero ya es tarde", para quejarse de la política oficial sobre el PAMI.