El presidente Nestor Kirchner sostuvo que su Gobierno no pretende "una Corte Suprema adicta" al anunciar el nuevo mecanismo impulsado por la administración nacional para la selección de los miembros del alto tribunal.
"No nos interesa conformar una Corte adicta y no nos sirven las viejas prácticas porque la Corte Suprema necesita ganarse la confianza de la sociedad para dar solidez a sus decisiones", dijo Kirchner al presentar el decreto.
El jefe de Estado dijo que la intención de su Gobierno es "mejorar el sistema de selección con la participación de los ciudadanos para tratar de mejorar a la Corte Suprema como institución".
A partir de hoy, cuando el decreto 222 de Néstor Kirchner sea publicado en el Boletín Oficial, por primera vez en la historia de la Corte -desde su nacimiento, en 1863- comenzará a ser tenida en cuenta la opinión social cuando haga falta cubrir vacantes en el máximo tribunal de justicia del país.
La incorporación de organizaciones no gubernamentales y personas individuales a la posibilidad de objetar designaciones, sumado a la publicación de datos impositivos y laborales de los aspirantes, se diferencian del control en pocas manos de la aptitud de los futuros magistrados. La participación social en la designación de jueces amplía ahora la decisión que estaba reservada al propio presidente de la Nación y al Senado, que presta el acuerdo final para la asunción del nuevo magistrado.
La inclusión de la sociedad civil en las audiencias públicas someterá a los candidatos a un fuerte proceso de "inspección" sobre sus conductas y antecedentes que difícilmente pueda ocultar el poder político, aún a costa de limitar la influencia del propio Ejecutivo.
Algunos juristas recordaron que en 1912 los conservadores concedieron una apertura política muy reclamada popularmente y sancionaron la Ley Sáenz Peña imaginando que igualmente podrían retener el poder, pero cuatro años después esa normativa despejó el camino para que Hipólito Yrigoyen llegara a la Casa Rosada.
Casi cien años después, el presidente Néstor Kirchner emitió una fuerte señal destinada a desautorizar a quienes advierten que su embestida contra Julio Nazareno y los miembros de la denominada "mayoría automática" del menemismo sólo apunta a conseguir un tribunal "adicto" a sus lineamientos políticos y económicos.
El nuevo sistema fue elaborado luego de realizar un análisis comparativo con el método empleado en los Estados Unidos y de trabajar junto con la organizaciones sociales del área de la Justicia.
"Conocemos experiencias internacionales, como la de los Estados Unidos, donde se toman en cuenta las audiencias públicas y la información aportada por el FBI sobre los antecedentes de los candidatos, pero desarrollamos el nuevo sistema con un criterio original", explicó el viceministro de Justicia, Abel Fleitas Ortíz de Rozas.
El funcionario precisó que el método de selección de jueces, que amplía la participación ciudadana en la elección de los magistrados, se confeccionó "tomando en cuenta el marco judicial, cultural y el cuadro de las entidades sociales".
Esas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Poder Ciudadano, no fueron enumeradas en el decreto que firmó el presidente Néstor Kirchner, pero se "dejó un concepto amplio para efectuar la ronda de consultas necesaria".
La diputada Elisa Carrió aseguró que la decisión del Presidente de autolimitarse en su atribución de designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia "es un avance extraordinario" para el país. Carrió destacó la importancia del anuncio presidencial de impulsar un nuevo mecanismo de seleccion de los aspirantes a integrar la Corte Suprema de Justicia, al sostener que se trata de "un avance extraordinario en términos institucionales" y dijo que el ARI "aplaude esta medida sin ningún tipo de retaceos".
No fue la única expresión positiva escuchada sobre el anuncio de Kirchner. El vicepresidente Daniel Scioli destacó el "contundente respaldo" brindado porn los representantes de distintas instituciones, y dijo que la iniciativa "se pone en sintonía con las demandas de la sociedad, que son fortalecimiento institucional y transparencia en la designación de los jueces de la Corte que es un tema muy sensible".
Acerca del eventual reemplazo de integrantes del máximo tribunal, manifestó que "eso se decidirá por los mecanismos constitucionales previstos que están en funcionamiento" y declinó opinar sobre el proceso al titular de la Corte, Julio Nazareno.
El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, destacó la participación de las organizaciones no gubernamentales en la definición del nuevo mecanismo, que "es muy importante porque una justicia que no funciona correctamente le genera al país no sólo una inseguridad jurídica sino costos económicos muy grandes por sus decisiones".
Por su parte, el presidente de la Asociación de Magistrados, Miguel Caminos, se manifestó de acuerdo "con todas las medidas que signifiquen transparentar la designación" y que espera "que tengamos un futuro cierto, que como dijo el Presidente de la Nación, que acerque las instituciones a la sociedad".
A su vez, el ex ministro de Justicia, León Arslanian, evaluó la medida como "deseable y conveniente como para que mejoremos notablemente los estándares de independencia y de calidad jurídica de los futuros miembros de la Corte Suprema".
Paralelamente, la Comisión de Acuerdos del Senado emitió un dictamen favorable a la celebración de audiencias públicas previas a los acuerdos constitucionales que presta la Cámara alta a los jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Poder Judicial y miembros del Ministerio Público.
El dictamen fue aprobado al cabo de una reunión de la comisión que preside la senadora Cristina Fernández de Kirchner en la que hubo consenso para impulsar la realización de audiencias públicas y difundir los datos profesionales de los magistrados para los cuales el Poder Ejecutivo solicita el acuerdo correspondiente.
El proyecto incorpora al reglamento del Senado la obligación de dar a publicidad las solicitudes de acuerdos mediante su página web, la publicación en el Boletín Oficial y en los diarios de mayor circulación del país con una antelación no menor a los quince días hábiles de la fecha de celebración de la audiencia pública.
En esas publicaciones figurarán los datos personales y profesionales centrales de los aspirantes a magistrados.
