La comisión que preside el justicialista Ricardo Falú ya declaró como "admisibles" quince causales de enjuiciamiento contra Nazareno, y lo notificó para que responda a los cuestionamientos. Si bien el magistrado puede declarar por escrito o no hacerlo, el Gobierno -a través del ministro de Justicia, Gustavo Beliz- lo desafió a que "se haga presente en el Congreso" para explicar personalmente los fallos por los cuales fue cuestionado por los legisladores.

Lo cierto es que la permanencia en su cargo del titular de la Corte Suprema, Julio Nazareno, entra esta semana en una cuenta regresiva cuando el jueves la Comisión de Juicio Político de Diputados comience a delinear el dictamen acusatorio que sería tratado el 16 o el 23 de julio en el recinto.

Si bien durante buena parte de la semana la atención estará centrada en el descargo que realice Nazareno por los 16 cargos provisorios formulados en su contra, una vez que su defensa sea remitida por escrito o que el ministro se presente personalmente, los legisladores iniciarán la redacción del dictamen acusatorio.

Mayoritariamente, los diputados dan por hecho que el presidente del Máximo Tribunal no optará por concurrir personalmente -aunque todo está previsto para recibirlo en la reunión del jueves a las 11, tal como le fue cursada la invitación- por lo que están en los hechos a la espera de que la defensa del ministro les llegue por escrito.

Por lo pronto, Nazareno comenzó el viernes a diseñar su estrategia con su abogado Gregorio Badeni para refutar las acusaciones de los diputados y no descarta que pueda pedir una postergación de su descargo o bien la nulidad de esa convocatoria, según trascendió en Tribunales.

Los ministros de la Corte Suprema recurrieron el año pasado a presentar sus descargos por escrito, y sólo Adolfo Vázquez se presentó en forma personal para entregar su defensa al entonces presidente de la comisión, Sergio Acevedo.

Aun en el caso de que Nazareno resolviera no hacer uso de su derecho a ejercer un descargo, el jueves al mediodía la Comisión de Juicio Político quedará en condiciones de arrancar con la redacción del dictamen en el que deberá aconsejar al pleno del cuerpo si procede o no con la acusación del ministro ante el Senado por mal desempeño de sus funciones.

Claro que, a esta altura, todo indica que, más allá de los argumentos del descargo, los días de Nazareno en la Corte -al menos en lo que respecta a la Cámara baja- estarían contados a la luz del amplio consenso existente en torno a la acusación, del que sólo se mantienen silenciosamente alejados los menemistas y un puñado de diputados de centroderecha.

Sin embargo, en el propio ámbito de la Comisión de Juicio Político fue cobrando fuerza el repiqueteo de la posibilidad de que el titular de la Corte resuelva dar un paso al costado frente a la inminencia de una acusación, lo que desactivaría automáticamente el proceso, cuyo único objetivo -por ser político- es separar del cargo a quien no resulte idóneo para ejercerlo.

A todo esto, el presidente del bloque de diputados justicialistas, José María Díaz Bancalari, afirmó que no es intención de los legisladores del oficialismo "sacar un juez detrás del otro", y remarcó que "es necesario" que cada causa que se inicie contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia esté "justificada".

"No pretendemos sacar a un juez de la Corte detrás del otro, lo importante es que cada una de las causas se justifique, ya que los cambios en la Corte se tienen que llevar adelante respetando a rajatabla los mecanismos constitucionales", sostuvo Díaz Bancalari en declaraciones radiales.

En ese sentido, señaló que "han ingresando distintas denuncias, que la comisión va evaluando. Pero hasta ahora las dos causas habilitadas son la del juez Fayt, que terminó con su descargo, y la causa Nazareno, a quien se le ha dado traslado de los cargos para que emita su descargo, que puede hacer yendo a la comisión o por escrito".