Los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño, y del bloque justicialista, José Díaz Bancalari, anticiparon al ministro Roberto Lavagna que a mediados de julio se votará el paquete antievasión, una herramienta considerada crucial por el Gobierno para cerrar los caminos de la elusión fiscal y encarar así el camino de las reformas estructurales.
Esas fueron parte de las conclusiones del encuentro que mantuvieron en el Palacio de Hacienda, al que se sumó al promediar el mismo el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
De concretarse los efectos que el Gobierno se propone con este paquete antievasión, el Poder Ejecutivo podrá aumentar la recaudación en un monto que se calcula superior a 2.000 o 3.000 millones de pesos en el segundo semestre del año, según estimaron fuentes parlamentarias, y destinar esos recursos a realizar un ambicioso plan de obras públicas, para reactivar la economía y la generación de empleos.
Tras dejar en claro que el monotributo no aumentará y que se realizarán todas las consultas legales necesarias para evitar que la figura de "asociación ilícita" sea declarada inconstitucional, los legisladores anticiparon que en dos semanas estarían en condiciones de llevar el paquete al recinto.
Al término de la reunión trascendió de fuentes legislativas que el Ejecutivo no pidió nada urgente.
En el encuentro, De Vido explicó que la relación con las empresas privatizadas no se agota en las tarifas, y dijo que se garantizará la participación del Congreso en esta discusión. Además, ratificó que el Congreso tendrá poder de control, a través de un mecanismo por el cual las negociaciones las desarrolle el Ejecutivo y que el parlamento acepte o rechace esas decisiones.
Respecto al tema tarifas, se coincidió en que el tema de las tarifas está dentro del paraguas de los 90 días.
La sanción del conjunto de medidas para luchar contra la evasión se producirá en un plazo de 15 o 20 días luego de la visita que realizará el ministro Lavagna al bloque de diputados del justicialismo, para brindar un informe global sobre el plan económico del gobierno.
Díaz Bancalari y Camaño transmitieron Lavagna que el paquete antievasión se sancionará a mediados de julio y que pasará el filtro parlamentario, no sólo con el respaldo del justicialismo, sino del radicalismo y otras fuerzas menores, comentaron las fuentes parlamentarias. Por lo pronto, los diputados radicales, frepasistas y del ARI no formularon reparos significativos ayer en la Comisión de Presupuesto a los proyectos promovidos por el Gobierno, que sólo recibieron algunos cuestionamientos del diputado cavallista Guillermo Cantini.
En cambio, las autoridades del bloque justicialista comunicaron a Lavagna y de Vido las dificultades que persisten para votar el proyecto para crear un bono para compensar a los bancos por la diferencia en el pago de los amparos y por el cambio del ajustes de los créditos en base a un índice de acuerdo a la variación salarial (CVS) en lugar de la inflación.
En este punto será crucial el grado de convencimiento que pueda ejercer Lavagna en la reunión que mantendrá con los diputados, teniendo en cuenta que sólo se podrá votar si se encolumna a todo el justicialismo detrás de esa propuesta, dado que es rechazada por la mayoría del arco opositor.
Esto es así dado que la bancada del radicalismo condicionó su respaldo a la sanción de esa iniciativa a la aprobación simultánea de un proyecto de ley que establezca un impuesto a las grandes empresas que resultaron beneficiadas por la pesificación.
Por su lado, el ARI rechaza de plano cualquier compensación a los bancos.
De todos modos, el oficialismo buscará instalar la necesidad de aprobar esta ley como una resarcimiento a los bancos debido a se trató de un subsidio a los deudores el cambio del índice de ajuste de la inflación por otro mas benévolo de variación salarial confeccionado por el INDEC, comentaron fuentes parlamentarias.
Lavagna comunicó además que el Poder Ejecutivo "no tiene ningún" interés en la sanción de cualquier iniciativa sobre ajuste por inflación para calcular el impuesto a las ganancias, y que prefiere que el sistema no tenga ninguna modificación.
El Gobierno había impulsado el año pasado un proyecto para derogar el ajuste por inflación y proponía una compensación de una rebaja de cinco puntos en la alícuota que hoy pagan los grandes contribuyentes del 35 por ciento, pero las diferencias entre los legisladores hicieron fracasar la sanción de esa iniciativa.
