En el marco de la reunión de la comisión en la que los legisladores resolvieron por unanimidad la formulación de una decena de cargos provisorios contra el juez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O'Connor, el presidente de la Comisión, el justicialista Ricardo Falú, puso a consideración de los diputados un oficio remitido por el juez Oyarbide.

En el oficio, el magistrado solicitó un detalle minucioso de las actuaciones de la comisión como así también un listado de sus miembros actuales. De acuerdo con lo consignado por Falú ante los azorados legisladores que coincidieron unánimemente en rechazar el pedido, el oficio remitido por el juez Oyarbide corresponde al expediente judicial 20643/02, que, de acuerdo con las especulaciones de los legisladores, correspondería a una acción legal impulsada por ahorristas frente al trabajo de la Comisión de Juicio Político. La noticia de este requerimiento generó una fuerte reacción de la diputada del ARI Elisa Carrió, quien recordó que, el año pasado, cuando se sustanciaba el luego frustrado proceso contra los entonces nueve miembros de la Corte, Oyarbide había realizado planteos "inadmisibles" como solicitar los números de teléfonos celulares y particulares de los miembros de la comisión. Además, la legisladora recordó que, en su momento, esa comisión había impulsado por unanimidad el juicio político contra el juez Oyarbide, y que, luego, "a instancias de un pacto de impunidad sustanciado en el Senado", el magistrado había logrado salir airoso del juicio y continuar en su cargo.

Por su parte, el diputado radical Juan Mínguez consideró que tanto los pedidos remitidos el año pasado por el magistrado como el recibido en esta oportunidad por la Comisión de Juicio Político constituían una "intromisión de Oyarbide" en el trabajo del cuerpo asesor y por ende "un avasallamiento del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo".