Buscan limitar juicios por mala praxis

La Cámara de Diputados analizaría esta semana un proyecto de ley para limitar los alcances de las demandas por mala praxis médicas, en un intento por limitar la denominada "industria del juicio" y contener los altos costos que representa para el sistema de salud.

Es que los juicios por "mala praxis" médica le cuestan al sistema de salud más de 100 millones de pesos anuales, y la situación se agrava porque en el Congreso de la Nación está demorado el tratamiento de una ley que busca poner límites a la denominada "industria del juicio". Así lo advirtió la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), en un trabajo realizado con vistas al Sexto Congreso Argentino de Salud, que se realizará entre el 28 y el 29 de agosto en la Academia Nacional de Medicina.

El 60 por ciento de los reclamos se concentran en Capital Federal y el conurbano bonaerense, y sólo en el 2001 se iniciaron alrededor de 10.000 demandas por mala praxis en todo el país, a un promedio de 360.000 pesos cada una, por lo que en apenas un año el monto reclamado ascendió a 3.600 millones de pesos, el 16 por ciento del presupuesto anual en salud.

El proyecto legislativo pertenece a los diputados Eduardo Di Cola, Domingo Vitale y María del Carmen Falbo, y busca limitar el plazo de prescripción para entablar demandas civiles, ya que en la actualidad las causas por mala praxis médica pueden iniciarse hasta 10 años contados desde que se realizó la práctica o desde el momento en que el problema fue manifestado por el paciente.

Según la iniciativa, el plazo sería reducido a dos años, tal como lo reclaman las entidades representativas de clínicas, médicos y empresas prestadoras y financiadoras de salud, las que aseguran que los juicios por mala praxis tienen un costo superior a los 100 millones de pesos anuales. Según las cifras de las entidades nucleadas en la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), en un trabajo estudiado por los legisladores de la Comisión de Salud presidida por el diputado Di Cola, "los juicios derivados representan graves obstáculos para el sistema de salud".

En especial, destacó el informe, "por su altísimo costo, a tal punto que se estima que en esta década la erogación global del sistema sanitario a raíz de estas acciones judiciales ascendería a 4.300 millones de pesos".

Por tal motivo, el Congreso trabaja desde hace cinco meses en una ley para poner límites a este tipo de demandas, que buscaría desactivar la llamada industria del juicio.

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