Los decretos, transformados en proyectos de ley, fueron apoyados pero la bancada del justicialismo, mientras que los bloques del radicalismo, el ARI y el Frente Grande, objetaron fundamentalmente el que otorga competencia penal a los jueces de Paz y el que habilita a los fiscales a ordenar allanamientos sin autorización de los jueces de Garantías.

El paquete de medidas, que hoy podría ser tratado por Diputados, incluye mayores facultades a los fiscales y los autoriza a ordenar allanamientos cuando "concurran fundados motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora". En estos casos, el fiscal podrá ordenar el allanamiento previo aviso al juez y, luego, deberá solicitar de inmediato la aprobación de las medidas al magistrado, quien si no se pronuncia en contrario dentro de las 48 horas, se tendrán por convalidadas.

También, se amplió la competencia de los jueces de Paz, los que tendrán atribuciones para intervenir en la etapa inicial de los procesos penales, autorizando allanamientos y aprehensiones solicitadas por los fiscales.

Esta medida, fue la que causó mayor resistencia en la oposición por considerar que "retrasará más a la administración de justicia, teniendo en cuenta que los fiscales no están en los lugares donde se sitúan estos magistrados", según explicó el senador radical Alberto Conde.