En ese marco la Cámara de Diputados sancionó los proyectos que habían sido aprobados ayer por el Senado y que amplían las facultades de los fiscales, endurece los requisitos que deben cumplir los desarmaderos y les da atribuciones a los municipios para clausurar este tipo de comercios.

Las iniciativas, fueron aprobadas con gran debate, luego que la bancada radical habilitó el tratamiento para el que se requerían los dos tercios de los legisladores, quórum que no tenía el bloque del justicialismo.

La nueva norma crea un régimen Legal para los desarmaderos de automotores y venta de autopartes y se sancionará con penas de prisión y multas para quienes no integren un Registro Unico de la actividad. A partir de ahora entonces no se podrán desarmar autómoviles sin certificado de baja; las autopartes deberán numerarse; las piezas no reciclables tiene que ser destruidas, en un control que definió de esta manera cómo se controlara de ahora en más la actividad.

Esta nueva ley alcanza a todas las personas físicas y jurídicas que participen en el desarme de un vehículo, quienes cuando se decidan a realizar esta tarea deberán solicitar la baja en el Registro del automotor.

La iniciativa fue impulsada por el grave clima de inseguridad y se sancionó en el marco de importantes operativos que realiza en conjunto la policía bonaerense y otras fuerzas de seguridad aportadas por el gobierno nacional.

A partir de estas regulaciones se deberá expedir certificados de baja y desarme que permitirán tener un registro preciso de cada vehículo en esta situación, y quedó aclarado que solo se realizará el desguace del vehículo previa presentación papeles legales que lo autoricen.

Se creará un Registro Unico de desarmaderos en el ámbito del Registro del Automotor, además que las personas que hagan de esta especialidad su actividad habitual deberán inscribirse para poder ser considerados como tales. A partir de este momento se facultará a la policía a realizar las inspecciones de la documentación, de los lugares donde se efectúen desarme o comercios de autopartes.

Respecto a la otra norma, los fiscales podrán ordenar allanamientos sin la autorización del Juez de Garantías cuando "concurran fundados motivos que le permitan creer que existe peligro en la demora". En estos casos, el fiscal deberá dar previo aviso al juez y luego solicitar de inmediato la aprobación de las medidas al magistrado, quien si no se pronuncia en contrario dentro de las 48 horas, se tendrán por convalidadas.

También, se amplió la competencia de los jueces de Paz, los que tendrán atribuciones para intervenir en la etapa inicial de los procesos penales, autorizando allanamientos y aprehensiones solicitadas por los fiscales.

Hasta el momento, estos magistrados que están ubicados en los distritos en los que no funcionan las cabeceras judiciales, tenían competencia en algunos asuntos de la materia civil y comercial, pero no podían intervenir ante la comisión de delitos penales.

Una vez que se promulguen las leyes, los fiscales están también autorizados a recibir en forma directa las denuncias o actuaciones prevencionales que lleguen a su conocimiento relacionadas con delitos tipificados por la legislación sobre estupefacientes.