El defensor del ministro Moliné O'Connor, Gregorio Badeni, sostuvo que "la vaguedad" de los cargos de la Comisión de Juicio Político contra su defendido "agravian la garantía del debido proceso". En el extenso descargo que elaboró Badeni para responder las acusaciones de la Comisión, se ataca la legitimidad de la comisión para juzgar a un miembro del Poder Judicial, rechaza la existencia de una "mayoría automática" y sostiene que en este proceso se juzga a la Corte "como institución de la Nación".

"La formulación de cargos es de una vaguedad que agravia la garantía del debido proceso, pues sobre actuaciones de centenares y miles de fojas se acusa de legitimación de procedimientos fraudulentos, u oscuros intereses, u obstrucción de procedimientos, sin indicar los hechos concretos que configurarían tan graves acusaciones", argumentó Badeni.

La dinámica de la tarea decidida por la comisión que preside Ricardo Falú llevó a que Moliné presentara su descargo por las primeras acusaciones, mientras los legisladores admitirán otras cuatro. Es que las 260 carillas que escribió Gregorio Badeni, y que ingresaron por la Secretaría de la Comisión a las 11.30, no incluyen los nuevos cargos evaluados por el cuerpo. Badeni argumentó en el descargo que la Comisión concedió "brevísimos plazos para ejercer la defensa, disminuidos al dificultar el acceso a la documentación" y cuestionó "la vaguedad de los cargos, que agravian la garantía del debido proceso".

Falú señaló que el cuerpo se tomará ahora "entre siete y catorce días" para analizar el descargo de Moliné, y luego se pronunciará sobre todos los casos.

En la reunión de comisión realizada en la víspera, 18 de los 19 legisladores presentes aceptaron incluir en las acusaciones cuatro nuevas causas, todas ellas promovidas por integrantes del cuerpo legislativo en los últimos días.

La única oposición fue planteada por la diputada menemista Alejandra Oviedo, quien criticó la celeridad con la que sus pares avanzan en denuncias contra los integrantes del alto Tribunal.

La arremetida de la legisladora fue tal que provocó algunas sonrisas entre los diputados presentes e, incluso, el presidente de la comisión, al responder a las dudas que planteó sobre la presencia de todos los expedientes en la secretaría de la comisión, aseguró que él no era su "asesor" y que perfectamente ella o sus asesores podían acceder a todos los expedientes.

Ya frente a las cámaras, la diputada menemista redobló su batería de críticas contra el trabajo de la comisión al señalar que era "una farsa total", que se trataba de "un juicio sumarísimo", que había "vicios en el procedimiento", que existía una "mala intención política" y que los diputados tenían "una decisión tomada". Además, señaló que si en el escrito de su defensa el ministro de la Corte Eduardo Moliné O'Connor llegó a pedir "la apertura de la prueba, seguramente la comisión no se la va a dar" porque se trata "de un juicio sumarísimo" en el que los legisladores -según su parecer- "se quieren llevar puestos a los jueces de la Corte Suprema de Justicia".

También, en sintonía con el espíritu que tendría el descargo presentado por los abogados de Moliné O’Connor, Oviedo señaló que el ministro "está siendo juzgado por el contenido de sus sentencias y no por su conducta" e indicó que, si se procede de esa manera, "también entonces habría que enjuiciar a todos los jueces que participaron de esas sentencias".

"No sólo no existe esta causal de remoción en la Constitución Nacional, sino que tampoco existe en ninguno de los países que integran la comunidad civilizada", remarcó Badeni.

En el escrito explicó que "la protección de las libertades de los ciudadanos reposa en un sistema que garantiza la independencia de los jueces contra el abuso del poder por parte del Estado; y esa garantía es ilusoria, si los jueces pueden ser destituidos por las sentencias que dicten en ejercicio de su función".

"El juez es el último garante del honor, la libertad y la fortuna del pueblo de la Nación; pero esa garantía desaparece y se transforma en un mero enunciado vacío de contenido, si su inamovilidad en el cargo no es efectiva", agregó. Ante esto llegó a la siguiente conclusión: "a partir de ahora, ha desaparecido la independencia del Poder Judicial de nuestro régimen constitucional real; los jueces, para resolver, no sólo tendrán en cuenta el texto de la Constitución y de las leyes para garantizar las libertades, sino también ponderarán las consecuencias que sobre sus personas y sobre su cargo pueden tener sus decisiones".

"Si la sentencia que dicten tendrá un efecto no deseado por las autoridades sobre la economía -desde principios de 2002 se ha hablado de esto con relación al "corralito"-, la suerte del Juez puede estar echada; lo mismo, si la decisión versa sobre la libertad de alguna persona o la libertad de pensar, o cualquiera de las garantías esenciales de nuestro sistema constitucional, el juez puede tener su cargo en juego por la decisión que adopte" continuó.

En ese sentido advirtió que "si los miembros que declararon admisibles los cargos y los miembros denunciantes deciden cuáles sentencias motivan la remoción de los jueces, la única jurisprudencia vigente será la que ellos determinen y definirán cuál debe ser la opinión de los jueces bajo apercibimiento de ser removidos".

"Esta cuarta instancia parlamentaria, inexistente en el mundo entero, implica que nadie quedaría fuera del alcance irrestricto de la voluntad del gobierno del turno, pues quien buscara refugio en los Tribunales se encontraría con que el Juez que meramente piense en que fallar en su favor será removido, y sustituido por otro que tenga otro criterio", aseveró.

En otro pasaje del escrito señaló que "las manifestaciones públicas vertidas por varios diputados, por integrantes de la Comisión de Juicio Político, por el señor Presidente e, inclusive, por algunos funcionarios del órgano ejecutivo del Gobierno nacional, ponen de relieve un desconocimiento preocupante, desde la óptica constitucional, sobre la naturaleza del llamado juicio político y sobre las funciones que desempeña aquella comisión"

"Desconocemos si tales expresiones responden a una finalidad de política agonal incompatible con el curso de este procedimiento, o si fueron formuladas para satisfacer requerimientos de algún funcionario público, o para confundir a la ciudadanía, buscando un anticipado consenso al resultado pretendido", agregó Badeni en el texto de defensa de Moline O'Connor.

El abogado precisó que "en nuestro derecho, el último y más importante intérprete del sentido de los textos constitucionales es la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no los miembros denunciantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Lo saben ellos".

"No tienen la suma del poder público, ni pueden interferir en la Justicia ni imponer las propias interpretaciones que su política del momento ansíe", expresó.

En este sentido argumentó que "el sistema de gobierno establecido por la Constitución Nacional consiste en que, mientras la legislatura y el Presidente se van renovando periódicamente y por el voto popular, no sucede lo mismo con el Poder Judicial, cuyos integrantes, incluida la Corte Suprema, son designados para que permanezcan en sus cargos aunque las cámaras modifiquen su composición y las ideas presidenciales varíen".

"De modo que alterar ese método, sustituyéndolo por el peso del número de legisladores, así sean todos, va contra el sistema de la República que regla la Constitución", añadió.

Sostuvo que "es grave que los miembros denunciantes de la Comisión de Juicio Político actúen mecánicamente, y fijen fecha para presentar su acusación, mostrando así que no les interesa qué pueda decirse contra sus argumentos, porque acusarán de todas maneras. Eso es despreciar el derecho de defensa", completó.