Con la aprobación de estos dos capítulos del paquete antisecuestro, el Congreso completó la legislación para luchar contra los secuestros de personas que impulsó el Gobierno y que monitoreó personalmente el ministro de Justicia, Gustavo Beliz.
El proyecto de protección de testigos y del fondo de recompensas fue elaborado sobre la base de las conclusiones de la Comisión Asesora para la Prevención de Secuestro de Personas.
Esta comisión fue impulsada por el gobierno del ex presidente Eduardo Duhalde y estuvo presidida por el ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian.
Ambas iniciativas vinculadas al combate de los secuestros de personas fueron aprobadas en general y particular por todos los bloques mayoritarios en el recinto de la Cámara alta.
El fondo de recompensa es un incentivo económico para que personas ajenas al secuestro aporten información que permita lograr la libertad de la víctima.
Este sistema fue implementado mediante decretos por anteriores gobiernos en las investigaciones de los atentados terroristas a la Embajada de Israel y AMIA a nivel nacional, y en el ámbito provincial para delitos graves como por ejemplo el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas en Buenos Aires.
El proyecto implica que los fiscales podrán dar a publicidad el monto de la recompensa y reservar la identidad de los informantes, salvo que se considere necesario convocarlo a declarar en audiencia oral.
El pago de la recompensa lo fijará y fundará el fiscal y se hará efectivo una vez que se eleve un informe sobre el mérito de los datos aportados para esclarecer el delito y la incidencia que tuvo sobre la condena de los culpables.
El presidente del bloque justicialista Miguel Angel Pichetto pidió que “el proyecto sirva para que los testigos puedan dar información sobre las organizaciones delictivas que están operando en el país, principalmente en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal”.
Por otro lado, el programa de protección de testigos busca preservar la seguridad de imputados y testigos que se encuentren en una situación de peligro y que hayan colaborado de modo trascendente en investigaciones judiciales sobre secuestros.
Según la norma, la decisión de proteger a un testigo o imputado será dispuesta por el juez, de oficio o por petición del fiscal que intervenga en la causa.
La protección implicará, de acuerdo con la gravedad de la amenaza, custodia policial, alojamiento temporario en lugares reservados, cambios de domicilio, medios económicos -por no más de 6 meses- y reinserción laboral, entre otras medidas.
