Si bien en la reunión de la citada comisión tanto justicialistas como radicales exhibieron predisposición para avanzar en la aprobación de una herramienta que le permita al Ejecutivo avanzar en la renegociación de los contratos, desde ambas bancadas fueron planteadas dudas en torno a la letra de la iniciativa.

La senadora Sonia Escudero (PJ-Salta) expuso sus dudas sobre la constitucionalidad del artículo cuatro del proyecto, que establece un plazo perentorio de 60 días corridos para que el Congreso apruebe o rechazo los acuerdos alcanzados con las empresas consesionarias.

Ocurre que la iniciativa oficial otorga ese plazo a los legisladores para expedirse sobre el resultado de la negociación de cada contrato, en una mecánica similar a la del fast track que logró el presidente estadounidense George Bush para negociar acuerdos comerciales en el marco del ALCA.

Escudero planteó también la posibilidad de incluir dentro del texto de la iniciativa “un artículo que incorpore los criterios para asegurar una tarifa social” y señaló que el proyecto podía ser “enriquecido también para que se pueda frenar la presión internacional que existe sobre el tema tarifas”.

Por su parte, el radical disidente Juan Carlos Passo señaló que estaba dispuesto a respaldar la aprobación de una herramienta que le dé poder al presidente Néstor Kirchner “para salir de un tema complejo”, pero expresó duros cuestionamientos al articulado del proyecto remitido por el Ejecutivo.

En este sentido, el senador radical criticó la iniciativa, por considerar que su texto “dice que los entes reguladores (de los servicios públicos) pueden opinar si opinan igual que el gobierno” y porque “dice que los marcos regulatorios no existen”, y señaló que, tal como está planteado, “es casi imposible hacer sugerencias para la modificación de la letra de esta ley”.

De los legisladores presentes en el encuentro, quienes pusieron más el acento en la necesidad de avanzar rápidamente en la discusión de esta iniciativa fueron el propio presidente de la comisión, José Luis Gioja, y el senador Nicolás Fernández (PJ-Santa Cruz).

Los senadores acordaron tomarse toda la semana próxima para realizar sugerencias de modificaciones al texto del proyecto por escrito y volver a reunirse el martes 5 de agosto a las 16 para evaluar esas propuestas. Además, resolvieron convocar al ministro de Planificación para la reunión de la comisión del 12 de agosto, en la cual el oficialismo aspira a lograr la firma del dictamen sobre el proyecto, a fin de tratarlo en el recinto al día siguiente.

Por otra parte el proyecto oficial para extender el plazo de la renegociación de los contratos de servicios públicos se tratará también en las comisiones de Legislación General y Asuntos Administrativos además de la de Infraestructura, según una propuesta aprobada en el recinto del Senado.

Si bien no estaba previsto tratar el tema, varios legisladores solicitaron y lograron aprobar la ampliación del giro de la iniciativa a otras comisiones del cuerpo, además de la de Infraestructura y Vivienda, para su estudio. Finalmente, el Senado aprobó una propuesta planteada por el titular de la Comisión de Infraestructura, Jorge Pardal, para actuar en conjunto con otras comisiones en el tratamiento del proyecto remitido por el Ejecutivo.

La idea del oficialismo es que estas comisiones se acoplen al cronograma de trabajo acordado en el seno de la Comisión de Infraestructura.

De acuerdo con lo resuelto en el recinto de la Cámara alta, también serán invitados a participar de los plenarios los senadores que integran la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada en el marco de la Ley de Emergencia 25.561.