El oficialismo de la Cámara de Diputados instruyó a algunos de los integrantes de su bloque especializados en temas jurídicos para que estudien la viabilidad de la anulación de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que es impulsada por legisladores de la izquierda, del ARI, del socialismo, del Frepaso, de la UCR y algunos de PJ.
Así lo consignaron fuentes parlamentarias, quienes detallaron que, en el análisis de estos estudiosos, estaría prevaleciendo una postura contraria a la posibilidad de anular esas leyes por considerar que una decisión de ese tipo tomada por el Congreso constituiría un "enchastre jurídico".
Es un puñado de legisladores justicialistas el que se encuentra por estos días efectuando un análisis de los alcances e implicancias que podría tener una eventual anulación por parte del Parlamento de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final con el fin de dar ofrecer un informe formal al bloque la próxima semana.
La premura por fijar una posición fundada sobre el tema se debe a que fue convocada para el próximo 12 de agosto una sesión especial para tratar este tema, solicitada hace pocos días por un grupo heterogéneo de once legisladores encabezados por la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, entre los que se cuentan otros diputados de izquierda, del ARI, del Frepaso, de la UCR e, incluso, del PJ.
Por eso, lo que por estos días, tras las puertas de los despachos de la Cámara baja, se encuentra en el centro de la atención es un debate sobre la viabilidad jurídica de una anulación parlamentaria de las leyes que cerraron las puertas al juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura. "Dado que en nuestro sistema jurídico no existe un tribunal constitucional y el Poder Judicial sólo tiene la facultad de declarar la inconstitucionalidad o la nulidad para cada caso concreto, sin dudas le compete al Parlamento la anulación con carácter general de estas leyes", aseveran los impulsores del tratamiento de la anulación el próximo 12 de agosto.
Según lo señalado por distintas fuentes, el oficialismo intentaría acordar con los legisladores que solicitaron la convocatoria a una sesión especial una postergación del debate al menos hasta el 19 con el fin de poder avanzar en el estudio del tema, que podría derivar en la elaboración de una iniciativa alternativa por parte del oficialismo. Es que, según los mismos informantes, es el propio oficialismo el que -con el guiño del Ejecutivo- está interesado en darle una salida jurídica a la posibilidad de que militares acusados de violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados en el país en vez de en otros países, tal como lo requirió España y lo podrían hacer también Israel, Francia y Suecia, entre otros.
Por el momento, está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de estas leyes, aprobadas por el Congreso Nacional durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que podría abrir las puertas también a un enjuiciamiento en el país a quienes ejercieron el terrorismo de Estado durante la última dictadura.
