El ministro del Interior, Aníbal Fernández, aseguró que los diputados y senadores "no son un conglomerado de salames" y pueden analizar sin intromisión del Poder Ejecutivo la posibilidad de declarar nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
"El Congreso no es un conglomerado de salames que están esperando que les digan lo que tienen que hacer. Son hombres de la política, muchos de ellos sumamente avezados", enfatizó Fernández.
En ese sentido, el titular de la cartera política desestimó que los legisladores estén "mirando el movimiento de la batuta del presidente" Néstor Kirchner para actuar en el tema de las leyes que impiden el juzgamiento de los ex represores de la última dictadura.
Fernández remarcó, además, que "no son felices las expresiones" del jefe del bloque de diputados radicales, Horacio Pernasetti, quien dijo que su bancada sólo declarará nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final si el presidente Kirchner envía un proyecto en ese sentido.
En declaraciones radiales, Fernández consideró que existe una "oportunidad histórica" para encaminar por la vía judicial el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
La Cámara de Diputados prevé tratar dentro de dos semanas proyectos para declarar nulas las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas durante el Gobierno de Raúl Alfonsín en la década del '80.
La medida está en línea con expresiones del presidente Kirchner, quien esta semana consideró -en una conferencia de prensa en la ciudad de La Plata- que los ex represores deberían ser juzgados en el país, al tiempo que calificó de "inconstitucionales" a esas dos normas.
Kirchner se pronunció de esa forma ante la intención del juez español Baltasar Garzón de juzgar en su país a 45 ex militares y un civil, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.
En tanto, también se espera una definición de la Corte Suprema sobre el tema, ya que el máximo tribunal analiza si las normas son constitucionales.
En ese sentido, se espera que el próximo martes, una vez que se retomen las actividades tras la feria de invierno, la Corte pueda determinar en qué momento tratará la cuestión, aunque se estima que los ministros aguardarían para ello a volver a contar con nueve miembros.
