Diputados analizan las leyes de perdón

El bloque de diputados del justicialismo analizará mañana la estrategia que seguirá la bancada oficialista frente al tratamiento parlamentario de la posible anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, reconoció la "complejidad técnica" del tema, al tiempo que advirtió sobre los efectos que tendría la anulación de las dos normas. "Hay una serie de cosas que podrían dar como resultado que, por la aplicación de la prescripción, terminen siendo juzgados aquellos que han tenido responsabilidades menores y que no puedan ser juzgados los que tenían responsabilidades mayores", señaló Díaz Bancalari.

En este marco, el presidente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, Ricardo Falú, destacó la necesidad de estudiar "con detenimiento" los efectos que acarrearían una eventual anulación de las leyes de Obediendia Debida y Punto Final por parte del Congreso. "No debemos apresurarnos, tenemos que enfriar las cosas para estudiar con detenimiento la situación; no vaya a ser que por reabrir las cosas, lo hagamos mal", aseveró el legislador justicialista, quien es uno de los diputados oficialistas a quienes les fue encomendado estudiar con exhaustividad el tema para ofrecer un informe esta semana al bloque del PJ.

En este sentido, el diputado señaló que la posibilidad de que el Congreso Nacional disponga la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "es una situación muy compleja, en la que se mezclan el derecho local y el internacional" y, por ese motivo, llamó a evitar "apresuramientos".

Falú dijo estar a favor de que los juicios a los represores responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura "se hagan en el país por dignidad nacional y para demostrarle al mundo que somos capaces de hacerlo".

Por su parte, el vicepresidente Daniel Scioli consideró que "se avanza" hacia una decisión de la Corte Suprema de Justicia en torno a la constitucionalidad o no de las leyes en cuestión, y entendió "difícil" la aprobación de su nulidad por parte del Congreso Nacional.

"Se avanza hacia ello", respondió el vicepresidente al ser consultado sobre la posibilidad de que se produzca una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia sobre la constitucionalidad de las denominadas leyes del olvido. Además, agregó que "en el Congreso es de difícil aprobación esta nulidad de las leyes, porque muchos especialistas hablan de la anti constitucionalidad de la nulidad". Sin embargo, estos especialistas "esperan que un fallo de la Corte pueda definir con más claridad esta situación", señaló el titular del Senado de la Nación, aunque rescató que "hay coincidencia respecto a nuestra soberanía y que se juzgue dentro del país" a los militares acusados por violaciones a los derechos humanos.

El abogado constitucionalista Daniel Sabsay aseguró que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final "debe ser decidida por la Corte Suprema", con lo cual se evitaría la "situación de no juzgamiento en el país" y se fijaría un "importante precedente" mediante el cual "podrían rechazarse pedidos de extradición".

Si el máximo tribunal declarara la inconstitucionalidad o nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparan a los militares responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la última dictadura, se podría hacer "prevalecer la jurisdicción argentina sobre la del país que pide una extradición", afirmó Sabsay.

El letrado aclaró que "se trata de una facultad que el Congreso no tiene, ya que este cuerpo puede derogar leyes -cosa que ya ha hecho en 1998 respecto de ambas normas-, pero no puede anular para atrás".

"Lo que nosotros queremos evitar es que tratemos de llevar adelante un remedio que sea peor que la enfermedad", explicó el diputado Díaz Bancalari. A su vez, el tucumano Ricardo Falú consideró que no se debe "hacer una ley apresurada que solucione de momento el 'efecto Garzón' y deje una herida más profunda que la anterior".

Falú se refirió de esa manera al pedido de detención con fines de extradición que planteó el juez español Baltasar Garzón contra 45 militares argentinos, para juzgarlos por "torturas y genocidio" en ese país. Además, en coincidencia con lo expresado por la bancada de la UCR, Falú advirtió que "frente a casos judiciales, la regla es que define la Corte" Suprema de Justicia.

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