El bloque radical y algunos senadores justicialistas impulsaron varias modificaciones al proyecto que envió el Poder Ejecutivo sobre reestructuración de tarifas de servicios públicos y que prorroga por un año la facultad del Gobierno para renegociar los contratos.
Paralelamente, los senadores de las comisiones de Infraestructura, Legislación General y Asuntos Municipales convocaron para el martes al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, para que explique los alcances del proyecto para que el Congreso le otorgue la facultad de renegociar los contratos de las empresas de servicios públicos.
Entre los cuestionamientos sobresalió el artículo que habilita al Gobierno a renegociar los contratos y tarifas sin las limitaciones establecidas en los marcos regulatorios. En ese sentido, el artículo 2 permite al Gobierno renegociar los contratos con las privatizadas sin tener en cuenta los marcos regulatorios establecidos por decreto, y en algunos casos por ley, que regulan las obligaciones de las empresas privatizadas y crea el marco para que funcionen los entes reguladores.
Los senadores tildaron además de "inconstitucional" el artículo 4 de la iniciativa, que limita las facultades del Congreso para aprobar o rechazar las conclusiones a las que arribará el Poder Ejecutivo y las empresas privatizadas luego de la renegociación. Según el texto del proyecto, el Congreso deberá estudiar y expedirse en un plazo máximo de 60 días, ya que si no se expide en este plazo, la renegociación quedará aprobada automáticamente y los nuevos contratos con los más de 60 privatizadas quedarán firmes.
Varios legisladores -algunos de ellos oficialistas- propusieron incluir un artículo que contemple la creación, en forma paralela con la renegociación de los contratos, de una "tarifa social" para usuarios de bajos recursos.
Los cambios propuestos fueron presentados por el titular del bloque radical, Carlos Maestro (Chubut), en una reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda, Transporte; Legislación General y Asuntos Administrativos y Municipales. Además, en la reunión los senadores justicialistas que presentaron mayores objeciones al proyecto fueron la senadora Sonia Escudero (Salta), Liliana Negre de Alonso y Jorge Ochoa de San Luis y, en menor medida Jorge Capitanich (Chaco).
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Infraestructura, el justicialista Jorge Pardal (PJ-Mendoza), confirmó la presencia el próximo martes 12 del ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, que expondrá ante los senadores la postura del Gobierno en materia de renegociación de contratos con las privatizadas.
Si bien tanto justicialistas como radicales exhibieron predisposición para avanzar en la aprobación de una herramienta que le permita al Ejecutivo la renegociación de los contratos de servicios públicos, lo cierto es que desde ambas bancadas fueron planteadas dudas en torno a la letra de la iniciativa.
Las senadoras justicialistas Sonia Escudero (Salta), Malvina Segui (Tucumán) y Liliana Negre, expusieron sus dudas sobre la "constitucionalidad" del artículo cuatro del proyecto, que establece un plazo perentorio de 60 días corridos para que el Congreso apruebe o rechace los acuerdos alcanzados con las empresas concesionarias. En este sentido, las legisladoras destacaron la necesidad de analizar "la constitucionalidad o no de la aprobación 'ficta' (de hecho) de los contratos en caso de que el Congreso no se expida en 60 días".
