Durante la reunión de bloque en la que se decidió un cuarto intermedio hasta las 14 de hoy, las opiniones del mayoritario bloque peronista se dividieron entre quienes pretendían la anulación de las leyes y quienes decían que tal responsabilidad le cabe exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con este panorama, y tras más de tres horas de reunión, el bloque decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy, con la promesa, por parte de los diputados que alientan la anulación de las leyes, de presentar un texto unificado como producto de los diferentes proyectos que existen sobre la materia.

Después de cuatro horas de acalorada discusión, el titular del bloque de diputados del PJ confirmó que aún no hay "acuerdo definitivo" sobre el proyecto que se llevará a debate. Las propuestas que surgieron durante la reunión estuvieron orientadas a la redacción de un texto en favor de la nulidad de las leyes del perdón, pero presentaron diferencias a la hora de analizar el alcance de los indultos a los jerarcas militares de la dictadura. También se escucharon algunas voces en favor de un pronunciamiento que exprese que se la Justicia quien defina la constitucionalidad de las leyes, ya que la cuestión está en estudio por parte de la Corte Suprema.

"Si no hay un proyecto común, no bajaremos al recinto el martes próximo", sostuvo Díaz Bancalari en una charla informal con los medios de prensa acreditados en la Cámara baja, para agregar luego que "no podemos ir al recinto con proyectos diferentes, tenemos que dar una imagen diferente a la sociedad", y consideró que podría "postergarse la sesión, porque por apurarse no hay que hacer un mamarracho".

Los diputados volverán a reunirse hoy con el objetivo de unificar criterios y encontrar un proyecto "único" que acerque posiciones.

Los kirchneristas del grupo Talcahuano defiendieron un proyecto lo más cercano posible al que presentó la diputada de la Izquierda Unida, Patricia Walsh, promotora de la sesión especial para anular las leyes. En tanto, los bonaerenses Jorge Casanovas y Jorge Villaverde, hablaron por más de una hora y media, objetando que el tema deba definirse en el ámbito legislativo, y dijeron que esa resolución debe producirse dentro del marco judicial que compete a la Suprema Corte.

De todas formas, la idea mayoritaria de ir a favor de la nulidad hizo que los legisladores Ricardo Falú, María Carmen Falbo y Juan Manuel Urtubey comenzaran a trabajar contrarreloj para llevar al bloque un proyecto de "unidad".

Díaz Bancalari comentó que "no se pude permitir" dejar el margen de impunidad a los represores ya que Argentina ha firmado tratado internacionales en los cuales se condena los casos de ataque a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad. "O se juzga, o se cede", subrayó Díaz Bancalari, y destacó que "no podemos permitirnos ceder el derecho de juzgar a quienes ya nadie puede discutir han violado sistemáticamente los derechos humanos en la Argentina".

Desde la oposición, la diputada Alicia Castro señaló que "las leyes de Obediencia Debida y Punto Final son inconstitucionales porque no pueden cesar los delitos que son de lesa humanidad y nadie puede invocar que ha sido obligado a matar, ni a torturar ni a robar niños ni a robar propiedades, que es lo que hacían muchos de los que ejercieron el terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar de Videla".

"Esto no es un problema individual de querer o no querer convivir en la calle con Videla, Martínez de Hoz o Astiz, sino que la impunidad genera injusticia", puntualizó la diputada.