El proyecto de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que podría aprobar la Cámara de diputados, habría levantado una fuerte oposición de un grupo de senadores del bloque oficialista en la Cámara alta.
Si bien el tema todavía no se trató oficialmente en la bancada del PJ, los senadores ya empezaron a discutir el tema en la última reunión realizada a principios de esta semana, ante la posibilidad de que la Cámara baja de luz verde a la iniciativa de anular las leyes del perdón.
En este sentido, fuentes parlamentarias confirmaron que "la oposición del bloque justicialista a tratar la nulidad de las leyes tiene el visto bueno de muchos senadores", por la "aberración jurídica" que sería anular unas leyes que ya fueron derogadas por el parlamento en 1998. "El Congreso no puede propiciar por ley la nulidad de las leyes, solo tiene la facultad para modificar o derogar, pero la nulidad es competencia de la Justicia", habría dicho el senador Eduardo Menem (PJ-La Rioja) en la última reunión del bloque peronista.
Los argumentos jurídicos que Menem planteó en la reunión "tuvieron buena recepción de la mayoría de sus pares", que prestaron conformidad a la tesis planteada por el riojano.
Por su lado, los diputados del radicalismo pedirán que se complete el trámite de ratificación de la adhesión a la convención que declara la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la vía para revisar la responsabilidad de los militares que participaron en la represión ilegal.
Para el radicalismo, el Congreso "carece de facultades para constituirse en órgano de revisión de la constitucionalidad de las leyes, por que ello afectaría gravemente la seguridad jurídica". Por ese motivo, los legisladores de la UCR consideraron "absolutamente falaces las argumentaciones en el sentido que la nulidad de las leyes" de Obediencia Debida y Punto Final, "y de los actos dictados por la justicia como consecuencias de las mismas".
En esa línea, los radicales desempolvaron un proyecto de ley aprobado en la Cámara alta en 1995, que presentó el entonces senador Hipólito Solari Irigoyen, sobre la Convención de imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. En ese momento, ese proyecto fue aprobado por unanimidad por ambas cámaras convirtiéndose en ley que fue promulgada el 25 de noviembre de 1995, bajo el gobierno del ex presidente Carlos Menem y que luego no fue ratificado.
Para que la ley tenga vigencia, es necesario que el Poder Ejecutivo cumplimente le depósito en la Secretaría General de las Naciones Unidas del respectivo documento de ratificación.
