El ministro de la Corte Suprema Eduardo Moliné O'Connor acusó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de presentar denuncias "ligeras e inconsistentes" en su contra, y destacó que el proceso que se le sigue se asemeja a "una parodia".
El juez de la Corte afirmó que está sometido a "un juicio político permanente" a partir de las "pasiones de la política" que impulsan las actuaciones en su contra.
En un descargo escrito de 129 carillas y que fue firmado por sus abogados Eduardo Obarrio y Gregorio Badeni, el juez aseguró estar sometido a "un juicio político permanente", como consecuencia de las "pasiones de la política", que impulsan las actuaciones que se llevan adelante en su contra. "Lamentablemente, las pasiones de la política agonal siguen presidiendo el curso de estas actuaciones", advirtieron los abogados de O'Connor en las conclusiones del extenso escrito, en el que rechazaron los nuevos cargos formulados contra el ministro.
Si bien la Cámara de Diputados ya definió tratar el pedido de enjuiciamiento al ministro el próximo miércoles, el radicalismo pediría la postergación, para poder incorporar el dictamen ampliatorio de acusaciones.
En el descargo, que presentaron los abogados de Moliné, Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, se indica que "las desprolijidades y falencias" que contendría el expediente "permiten encontrar una sugestiva similitud con la parodia del juicio llevado a cabo en Hungría contra el cardenal Josef Mindszenty". Se abunda que Mindszenty fue condenado "a prisión perpetua luego de un juicio que demandó tan sólo 44 días corridos" y señaló que los integrantes de la comisión "no dispusieron de los elementos probatorios básicos para formular los cargos pertinentes".
"Es evidente que las irregularidades y nulidades gestadas en el curso de la instrucción, son consecuencia de la ligereza de su actuación. Ligereza e inconsistencia que son fruto de haber subordinado el curso de estas actuaciones al cumplimiento de una finalidad de política", señalaron en el escrito.
El diputado radical Juan Minguez señaló que "sería prudente" posponer el tratamiento en la cámara para la segunda quincena de agosto para que el dictamen acusatorio "incluya todas las denuncias".
"No estamos proponiendo posponer la sesión por meses, solo hablamos de una o dos semanas. El tiempo que necesita la Comisión para elaborar el dictamen. No me parece oportuno tener que llevar el caso dos veces al recinto", sostuvo el legislador radical. En ese sentido, evaluó que la "apretada agenda" que propone la actividad parlamentaria la semana próxima -tratamiento de Leyes del Perdón, paquete antievasión, entre otros- podría conspirar a que se pueda tratar el eventual Juicio Político, el miércoles 13, como estaba previsto.
Por su parte, el presidente del Bloque del radicalismo, Horacio Pernasetti, ya había deslizado, antes de la reunión de la Comisión de Juicio Político, que el bloque tiene "la clara postura" de ir una "sola vez" al recinto.
El proceso "es un procedimiento manifiestamente irregular" y el hecho de agregar cargos en forma escalonada llevó a una "situación por demás absurda debido a su arbitrariedad, lo que representa una situación por demás grotesca y lesiva", dijeron.
En el descargo se criticó duramente el dictamen acusatorio contra O'Connor, emitido el 10 de julio, por la primera tanda de cargos en su contra y se expresó que "hubo irregularidades y nulidades gestadas en el curso de la instrucción, las que son consecuencia de la ligereza de la actuación".
En los casos Meller, Macri y Magariños fueron "desestimadas las pruebas de descargo aportadas por nuestro representado sin fundamentación alguna", dijeron los defensores, a la vez que sobre las nuevas acusaciones O'Connor negó haber presionado a testigos que debían declarar en la causa en su contra en la Comisión de Juicio Político y descartó las acusaciones por el caso Leiva.
El escrito de defensa fue entregado a la secretaría de la comisión, encabezada por el justicialista Ricardo Falú, sobre la hora del vencimiento del plazo para efectuar el descargo, previsto para las 11.30, por los abogados del miembro de la Corte Suprema.
La Comisión de Juicio Político, que inició su habitual encuentro de los jueves a esa hora en el tercer piso del edificio anexo de la Cámara baja, dio ingreso formal al descargo y lo puso a disposición de los legisladores para su lectura y análisis.
Durante el breve encuentro, los diputados decidieron postergar el tratamiento del caso Pompas, una denuncia impulsada por la frepasista Nilda Garré sobre una resolución de la Corte, cuya fundamentación habría estado a cargo de O'Connor. Ello derivó en la atenuación de la figura delictiva que pesaba sobre el fallecido banquero Jaime Pompas por el vaciamiento del Banco Social de Córdoba. También adoptaron idéntica determinación con la denuncia impulsada por el diputado socialista Héctor Polino, quien cuestionó la conducta de O'Connor en la causa "Godoy, Oscar contra la Universidad de La Plata" por considerar que el ministro participó de un fallo "dirigido a sostener una política militarista, antidemocrática y autoritaria".
Todo parecería indicar que, finalmente, la consideración en el recinto de la conducta de O'Connor se centrará en los casos Meller, Macri y Magariños -que originaron el dictamen acusatorio de la semana anterior-, en el caso Leiva y la supuesta presión que habría ejercido sobre tres secretarios de la Corte que testimoniaron ante la Comisión el año pasado, lo que dio lugar a los cargos respondidos por el juez del máximo tribunal.
Los principales conceptos contenidos en el descargo que presentó la defensa del ministro Eduardo Moliné O’Connor ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
* Existe "una ligereza de actuación e inconsistencia que son fruto de haber subordinado el curso de estas actuaciones al cumplimiento de una finalidad política y no a la razonabilidad que emana del estricto cumplimiento de las normas jurídicas".
* "El sumario de investigación fue notoriamente incompleto".
* "La Comisión de Juicio Político se negó a entregar copias de la causa" iniciada por el ex juez Luis Leiva.
* "Todos los diputados-abogados matriculados en el fuero federal quedan comprendidos en la inhabilitación, fijada en el artículo 90 del reglamento de la Cámara de Diputados que establece que los diputados-abogados que se hayan desempeñado en la jurisdicción del magistrado cuestionado deben excusarse".
* "Solicitamos a esa Comisión que, de acuerdo al artículo 14 del Reglamento Interno, resuelva la improcedencia del juicio político requerido respecto de nuestro representado".
