Los crímenes de lesa humanidad contemplados en tratados internacionales "no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción", por lo que el Punto Final y la Obediencia Debida no pueden "oponerse" a esos pactos, según el proyecto con el que los diputados del PJ buscan dejar sin efecto las leyes.
La iniciativa, que será propuesta a debate en la sesión prevista para el 19 de agosto próximo, consta de tres artículos y una extensa fundamentación en la que se sostiene que esas leyes apuntaron "a procurar la impunidad de crímenes contra la humanidad, pero son ineficaces frente al derecho internacional".
El primero de los artículos del proyecto señala que "los hechos y delitos, cualquiera haya sido la fecha de su comisión, que satisfagan la definición del Derecho de Gentes como crímenes de lesa humanidad", o contrarios a principios incluidos en tratados ratificados por la Argentina "son insusceptibles de amnistía, indulto o prescripción".
Para fundamentar la decisión del bloque justicialista, su titular, José María Díaz Bancalari, dijo confiar en que la misma significará "una señal muy fuerte para cerrar el pasado".
Díaz Bancalari reconoció que luego de la nulidad de las normas la Justicia podría intervenir, aunque enfatizó que "no hay nada ni nadie que pueda impedir al Congreso revisar sus propios actos".
"Durante más de 20 años se ha tratado de cerrar el pasado, pero por lo visto, ningún intento dio resultado. Si ya en 1988 el Parlamento dio una clara señal con la derogación de las leyes, ahora hay que dar una señal más fuerte para obtener resultados", sostuvo.
El texto que prepara el bloque recuerda que, entre otros, en la Argentina tienen rango constitucional los siguientes pactos: Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. También se menciona a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El segundo artículo del texto -el tercero es formal- considera que a esas normas "no le serán oponibles" las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) por parte de los responsables de los delitos contemplados en esos convenios.
La propuesta lleva la firma del titular de la bancada del PJ en la Cámara baja, y la de los diputados José Falú, María del Carmen Falbo, Juan Carlos Correa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Saredi.
Los legisladores fundamentaron la iniciativa en que "una convivencia humana y pacífica exige y reclama el debido juzgamiento de todos aquellos que, de una u otra forma, violentaron los derechos fundamentales de argentinos y extranjeros que vivieron en nuestro país durante la dictadura militar".
