Los diputados del justicialismo participarán hoy en el debate sobre la nulidad de la leyes de Obediencia Debida y Punto Final y pedirán un cuarto intermedio de una semana para ganar tiempo, con el objetivo de consensuar un proyecto propio con la UCR.
Como complemento, organizaciones piqueteras y agrupaciones de izquierda, estudiantiles y de derechos humanos se movilizarán hoy por la Capital Federal hacia el Congreso Nacional, para reclamar la anulación de las leyes de perdón. Según anticipó la dirigente de Izquierda Unida, Vilma Ripoll, se advertirá además que el proyecto que presentará el justicialismo es "una trampa para mantener la impunidad", y respaldarán el proyecto de nulidad que presentó la diputada del sector, Patricia Walsh. En el mismo sentido, la diputada por el ARI Graciela Ocaña calificó como "una chantada" al proyecto del justicialismo sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. "Es una chantada, es engañar a la sociedad", enfatizó Ocaña, quien advirtió que en la sesión especial convocada para hoy, la bancada que lidera Elisa Carrió apoyará el proyecto de Walsh, ya que, según consideró, "se deben anular estas dos leyes que han sido dictadas por fuera de toda la normativa legal y constitucional en nuestro país".
La sesión especial fue pedida por la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, quien propone la nulidad absoluta de las dos leyes votadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y que también incluye una declaración contra los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem en 1990.
La iniciativa de Walsh tuvo la adhesión de varias fuerzas de izquierda, el socialismo, el ARI y el Frente Grande, pero el justicialismo elaboró un proyecto propio que quiere consensuar con la UCR y debatirlo el 19 de agosto.
Asimismo, unas doscientas organizaciones de derechos humanos, políticas, sindicales y sociales se movilizarán hacia el Congreso para apoyar la iniciativa a las 14, la hora en que está previsto el inicio del debate.
Si el acuerdo con los radicales no se produce, el justicialismo irá con su propio proyecto que incluye a los indultos y que está centrado en el concepto de "inoponibilidad", esto es que las normas de Obediencia Debida y Punto Final no pueden oponerse a las convenciones internacionales en materia de derechos humanos.
El objetivo del oficialismo es encontrar un proyecto único para tratar en el recinto y por ese motivo intensificaron en las últimas horas los contactos con el bloque radical para encontrar un punto de coincidencia.
El titular del bloque de diputados nacionales del PJ, José María Díaz Bancalari, sostuvo que los militares acusados de crímenes de lesa humanidad "tendrían que juzgarse en la Argentina", al entender que "por una cuestión de autoestima y respeto" hay que dar al mundo "la certeza de que hay voluntad de juzgar".
"Si tenemos una cuestión de autoestima y de respeto tendrían que juzgarse en la Argentina porque, en principio, en el Derecho de Gentes, que es casualmente el derecho que se ha violado, el principio es: o se juzga o se cede la jurisdicción", explicó Díaz Bancalari. Expresó que frente a hechos caratulados de "crímenes contra la humanidad, como fueron esos delitos", la Argentina "tiene que dar al mundo, por una cuestión de autoestima y de respeto, la certeza de que acá hay voluntad de juzgar".
"Debemos juzgar conforme a nuestras propias leyes y a nuestra propia historia, y juzgar soberanamente", afirmó el jefe de la bancada peronista en Rosario, adonde viajó para acompañar al diputado y candidato a gobernador del PJ Jorge Obeid, en la presentación del libro póstumo de Juan Domingo Perón, "El modelo argentino".