La Cámara de Diputados declaró anoche "insanablemente nulas" las leyes de Obediencia Debida y Punto Final e incorporar al Código Penal la "imprescriptibilidad" de los delitos de lesa humanidad, en lo que constituye una fuerte señal política desde el Congreso Nacional hacia la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura puedan ser juzgadas en el país.
La anulación de las leyes de perdón se logró con los votos del justicialismo, más los del ARI y los partidos de izquierda. La UCR se abstuvo.
A partir de la aprobación de estos proyectos, que ahora deberán ser tratadas por el Senado, la decisión de avanzar en el juzgamiento de quienes incurrieron en esos delitos queda en manos de la Justicia, más específicamente, de la Corte Suprema.
Previamente los diputados otorgaron rango "constitucional" al decreto de adhesión a la Convención sobre Imprescriptibilidad de Delitos de Guerra y Lesa Humanidad firmado por Néstor Kirchner. Este proyecto, uno de los tres presentados para el debate de la sesión especial de la Cámara baja, fue votado por los 176 legisladores presentes, los dos tercios del cuerpo.
El debate comenzó con la exposición del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el peronista salteño Juan Urtubey, quien señaló que "las leyes de Punto Final y Obediencia Debida son contrarias al derecho de gentes". A la vez, Urtubey sostuvo que "los que queremos salvar el prestigio de las Fuerzas Armadas no podemos aceptar la impunidad", en una postura clara del bloque oficialista.
En medio de su discurso fue interrumpido por el presidente de la Cámara baja, Eduardo Camaño, quien cuando contó con los dos tercios (172 diputados en el recinto) llamó a votación para otorgar "jerarquía constitucional" a la adhesión del Gobierno nacional a la Convención sobre imprescriptibilidad sobre delitos de guerra y Lesa Humanidad.
La votación fue unánime con los 176 legisladores presentes, en un trámite que llevó segundos y generó el primer aplauso de la tarde, que desde temprano se vivió como una jornada legislativa distinta.
Posteriormente, el radicalismo hizo uso de la palabra para defender su propio proyecto y a la vez sostener la responsabilidad que le toca por ser el partido que impulsó desde el oficialismo en 1986 y 1987 las dos cuestionadas normas. En esa línea, el diputado Pascual Cappeleri, impulsor del proyecto de la UCR, señaló que la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida no dará "juicio y castigo" como pide la sociedad, sino más "juicios y menos castigo" a los genocidas.
El legislador bonaerense agregó que la adhesión a la Convención sobre imprescribilidad de delitos de Guerra y lesa Humanidad "es el camino más justo para crear la condiciones para que la justicia siga actuando".
Quien se opuso a la nulidad de las leyes de impunidad fue el izquierdista Luis Zamora, quien fundó su decisión de no acompañar el proyecto en que esto "dará más impunidad a los represores", según dijo. Defendió su decisión afirmando que "hay una complicidad entre los partidos mayoritarios" y que con nulidad se creará un vacío jurídico que favorecerá a los militares acusados de violar los derechos humanos, además de dejar fuera a los integrantes de las cúpulas, al no anularse los indultos.
La postura que asumió Elisa Carrió en nombre del ARI despertó una de las adhesiones más importantes de la jornada, ya que fue uno de los pocas exposiciones que generó la atención de sus pares.
El planteo de la diputada se centró en la dificultad que le genera la Congreso nacional la anulación de las "leyes del perdón", pero afirmó que "es mentira" que no se puede avanzar sobre ellas porque cuando fueron dictadas el Gobierno de Alfonsín "no tenía libertad".
"Alfonsín estuvo coercionado. Este Congreso estuvo coercionado.
Se trata de leyes que padecen de un vicio de origen, ya que además ni el Poder legislativo ni el Poder Ejectutivo debían dictar normas que eximan de reponsabilidad penal en casos de delitos contra el derecho de gentes", exclamó Carrió.
El ARI fue una de las fuerzas que presentó un proyecto en la última semana que se acercaba a la iniciativa de la Izquierda Unida, y en el debate centró la defensa de la iniciativa en un análisis jurídico de la cuestión.
Para lograr que la mayoría de los diputados se encolumnaran detrás de un mismo proyecto, los legisladores de la izquierda y de centroizquierda, que habían impulsado la convocatoria a la sesión, debieron resignar la declaración de nulidad sobre los indultos firmados por el ex presidente Carlos Menem a principios de la década del 90. Pese a esto, antes del término de la reunión unos quince diputados presentaron nuevamente el proyecto por el cual solicitaron la derogación "por inconstitucionales" de seis de esos decretos.
Los dos proyectos acordados por los bloques parlamentarios contemplan, concretamente, la declaración de "insanablemente nulas" de las leyes en cuestión, en el primero de los casos. Y que "no podrán ser beneficiados con la prescripción, indulto, amnistía o cualquier otra forma de renuncia al ejercicio de la acción penal, los hechos y delitos mencionados en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de guerra y de Lesa Humanidad, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido", en el otro proyecto.
Recogiendo las críticas que recibió el radicalismo por haber impulsado oportunamente la sanción de las polémicas leyes, el correntino Noel Bread aclaró que su partido "juzgó a las Juntas Militares, no las indultó".
Patricia Walsh (Izquierda Unida), quien fue la convocante de la reunión, remarcó que Obediencia Debida y Punto Final "no son leyes del perdón, son leyes de impunidad" y que "por eso hay que anularlas".
"Sigo creyendo que esta decisión que adoptamos es de carácter político, que lo más importante a considerar es que es legítima porque coincide con el reclamo de la mayoría del pueblo argentino, que hoy dice que tenemos que recuperar la capacidad de impartir justicia en nuestro país", agregó.
En medio de la sanción, la diputada nacional Stella Maris Córdoba (PJ-Tucumán) pidió que la Cámara repudie y sancione a su par de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, por haber señalado durante su discurso que "seguramente la mayoría de los -manifestantes- que están en la plaza no son de entidades de derechos humanos, sino beneficiarios de planes trabajar".
Durante su discurso, el hijo del ex represor y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi, señaló que "muchos dirán: 'mirá quien habla; el hijo de un represor nos va a enseñar como es la ley en la Argentina'". E inmediatamente aclaró: "yo tenía 13 años en esa época. No tuve ninguna responsabilidad en lo que ocurrió en la década del 70, yo jugaba a la pelota o a los autitos".
"Les puedo mostrar a aquellos que muestran fotos de los desparecidos, las listas de las víctimas de la subversión, del ERP y de los Montoneros. Pero lo concreto es que nadie le va a devolver los muertos a la señora -Estela- de Carlotto (Madres de Plaza de Mayo) ni a la viuda de Berdini (teniente del Ejército asesinado por el ERP).
"Nadie le va a devolver los muertos a la señora de Carlotto. Nadie le va a devolver los muertos a la señora de Berdini (teniente del Ejército asesinado por el ERP). Si se quiere vivir del pasado se debe mirar con los dos ojos la historia, hay que terminar con esta guerra inútil", dijo Bussi.
El legislador tucumano -hijo del ex represor y ex gobernador de Tucumán Antonio Domingo Bussi- denunció además que el presidente Néstor Kirchner "dio instrucciones precisas: hay que mandar presos a todos los militares". Llamativamente, Bussi asumió que durante el proceso militar de la década del setenta se implementó el "terrorismo de Estado".
"Debemos reconocer que durante el Proceso hubo terrorismo de Estado sumado a delincuentes comunes que cometieron faltas, pero debo aclarar que esto en Tucumán no sucedió", analizó Bussi.
En uno de los discursos más emotivos, Oraldo Britos (PJ-San Luis) advirtió: "Tengan cuidado que hay gente grande que sabe cómo fueron todas estas cosas".
"No niego la capacidad de lo juristas, pero este tema no es jurídico, es político; igualmente, los que se portaron mal no tengan miedo, estamos buscando simplemente justicia", añadió.
