"Tiene un valor simbólico desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista jurídico hay muchas dudas y este tema va a terminar en la Corte" Suprema, afirmó Scioli al referirse a esa cuestión.

El vicepresidente indicó que "en este tema en particular, donde hay tanto dolor y sufrimiento, hay que tener mucho cuidado", ya que "no es un tema jurídico más". Al respecto, puntualizó que "los especialistas dicen que (la anulación de las leyes) no tiene validez jurídica", pero consideró que "sí tiene validez política".

Además, el funcionario, en declaraciones que fueron publicadas por el matutino Infobae, había advertido que "en un país serio, las leyes no se anulan", al tiempo que consideró que "hay mucha expectativa por lo que pueda resolver la Corte Suprema sobre este asunto".

"En una democracia seria, que se constituye después de un genocidio, no se promueven leyes de impunidad como se promovieron en nuestra democracia", le respondió con dureza Alberto Fernández. El jefe de Gabinete abundó que si bien respeta la opinión del vicepresidente, "no" comparte la posición frente a la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que ayer tuvieron media sanción de Diputados.

"Los argentinos tenemos que entender que también es parte de una imagen de seriedad que un gobierno expresa al mundo el poder resolver los hechos delictuales tan graves que atentan contra la dignidad humana", dijo Alberto Fernández en declaraciones radiales. Agregó que la posición del Gobierno es que la Argentina debe "ser capaz de resolver (esos hechos) jurídicamente en el propio país" y en ese sentido se inscribe la adhesión a la Convención contra los crímenes de guerra y el respaldo a la nulidad de las normas del perdón.

En la misma sintonía que el jefe de Gabinete se expresó el titular de Interior, Aníbal Fernández, quien consideró que en un país "en serio" no "se mata a la gente, no se la secuestra y no se le roba a los hijos".

"No comparto la calificación", afirmó Fernández en referencia a las opiniones de Scioli sobre las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, al tiempo que advirtió que "no se puede minimizar la valoración de uno de los poderes de la República".