"No voy a renunciar. No estoy vencido", afirmó Moliné O'Connor en breves declaraciones a la prensa realizadas esta mañana al salir de su domicilio, en las que también aseguró que ejercerá su derecho a la defensa ante el Senado, el cuerpo que debe sustanciar el juicio político en su contra.

Paralelamente, el diputado justicialista Ricardo Falú expresó su deseo de que Moliné O'Connor "dé la pelea" ante el Senado, que lo juzgará por presunto mal desempeño de sus funciones. Falú señaló que un debate público sobre el desempeño del magistrado servirá "para comprender cuánto daño pueden acarrear jueces que en vez de sentenciar según su leal saber y entender lo hacen movidos por otro tipo de intereses".

Además, el legislador dijo que "de momento" la Comisión de Juicio Político -que preside- no tiene previsto avanzar en el enjuiciamiento de otro magistrado de la Corte.

Señaló que la Cámara de Diputados ahora elevará su acusación contra Moliné O'Connor ante el Senado, tras lo cual el juez tendrá quince días hábiles para efectuar su descargo. "Ojalá dé la pelea, porque va a permitir que todos los argentinos entiendan cómo es la Corte que tenemos, y cuán importante es la justicia para su vida cotidiana", afirmó el titular de la Comisión de Juicio Político.

A todo esto, una vez que ingrese el pedido de enjuiciamiento, el Senado se constituirá en Tribunal y podrá suspender al magistrado y privarlo de su sueldo, pasados 15 días de recibida formalmente la acusación. Para que la Cámara alta se constituya en Tribunal, el presidente del cuerpo, Daniel Scioli, deberá tomarles "juramento" a todos los legisladores, lo que podría ocurrir en las próximas semanas.

El paso siguiente será la presentación -en sesión pública y ante en pleno de la Cámara- de la acusación contra Moliné que llevará adelante una "Comisión Acusadora", integrada por tres diputados, generalmente de la Comisión de juicio político. Luego, la defensa de Moliné tendrá 15 días para contestar y presentar su defensa por escrito, o en forma personal en el recinto y ante el pleno del Senado.

Finalizado este trámite, los legisladores podrán suspender al magistrado privándolo de su sueldo, y luego decidirán -con el voto de los dos tercios de los legisladores- si aceptan o no las nuevas pruebas presentadas por la defensa de Moliné. Si los senadores aceptan las pruebas, la acusación será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside la legisladora Cristina Fernández de Kirchner (PJ-Santa Cruz).

La primera dama y senadora nacional será la encargada de arbitrar los mecanismos necesarios para que, durante un máximo de 30 días, la Comisión de Asuntos Constitucionales celebre audiencias públicas diarias para analizar las pruebas.

El paso siguiente será que el cuerpo reciba los alegatos y se reúna en forma secreta a discutir los cargos, paso previo para someter la acusación contra Moliné a la votación en el recinto.