El proyecto cuenta entre sus puntos más destacados la extensión al 31 de diciembre de 2004 del proceso de renegociación de los contratos con las empresas de servicios públicos, que en principio debe caducar el 10 de diciembre de este año.

"La Ley establece un régimen de emergencia y que el Poder Ejecutivo debe negociar con las empresas y el Congreso debe controlar; asimismo, se pide extender la renegociación hasta el 31 de diciembre del 2004, ya que el plazo presentado hasta el 10 de diciembre de este año es exiguo", indicó el ministro De Vido a los senadores.

Según fuentes parlamentarias, el proyecto cuenta con el apoyo del bloque oficialista, mientras que la UCR ya adelantó que facilitará el tratamiento de la iniciativa pero "impulsará cambios" al proyecto impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner.

Si el Senado aprueba la norma en la sesión prevista para mañana a las 16 horas, el Poder Ejecutivo podrá discutir los nuevos contratos con las más de 60 empresas privatizadas, con un marco de acción amplio y por fuera de los marcos regulatorios.

En un principio, el bloque radical y un sector del bloque justicialista cuestionó el artículo 4 del proyecto que fija un plazo de 60 días para que los nuevos contratos sean analizados en el parlamento.

Sin embargo, la embestida del gobierno posibilitó que el bloque oficialista revea su posición y apoye en su totalidad el proyecto original y descarte el pedido de algunos legisladores para crear una "tarifa social" para usuarios de bajos recursos.

El proyecto de ley fue enviado a la Cámara alta el 11 de julio pasado y permitirá extender hasta el 31 de Diciembre del 2004 un artículo de la ley de Emergencia Económica, que cede al Poder Ejecutivo facultades especiales para renegociar las tarifas con las empresas privatizadas.