El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad, sostuvo que existe un "nuevo fenómeno" relacionado con la evasión y defendió el endurecimiento de las penas por delitos tributarios, en una reunión a la que asistió en el Congreso con Diputados de la Comisión de Legislación Penal.
Abad describió los detalles del proyecto que envió el Ejecutivo para agravar las penas y apuntó contra los evasores y quienes los asesoran para evadir, ante la comisión parlamentaria que preside la radical Margarita Stolbizer.
El proyecto, que será tratado hoy en Diputados, junto a otras leyes económicas, prevé reprimir con penas de tres años y seis meses a diez años de prisión a quien "formare parte de una asociación u organización compuesta por tres o más personas destinada a posibilitar, facilitar o brindar la colaboración necesaria para la ejecución de los delitos previstos en la presente ley por el mero hecho de integrarla".
Respecto de los jefes u organizadores, el mínimo legal será de cinco años de prisión. En ese sentido, el titular del ente recaudador mencionó las "usinas de facturas apócrifas", integradas por organizaciones que venden a terceros facturas por servicios no prestados, para que puedan deducirlas de sus declaraciones del impuesto a las Ganancias: "Esto lo paga la sociedad", sentenció Abad.
Al respecto, mencionó que se realizaron allanamientos a importantes empresas que utilizan estas facturas y señaló a "bancos, privatizadas, empresas de publicidad", entre otras, que a su juicio "fueron beneficiadas con el cambio de modelo".
"La figura responde a una triste realidad y carcome la carga tributaria de Argentina", sostuvo el titular de la AFIP, quien hizo referencia también a la adulteración de programas para evadir los controles fiscales, facilitada por "ingenieros expertos que incluso les hacen el mantenimiento", y señaló la elaboración de "documentación falsa sobre operaciones internacionales que nunca se hicieron, por ejemplo, préstamos para justificar pasivos".
El proyecto del Ejecutivo menciona que "la experiencia recogida por la Administración Federal de Ingresos Públicos ha permitido apreciar la proliferación de un alto grado de especialización en la ejecución de conductas delictivas, habiéndose detectado la actuación de verdaderas organizaciones ilícitas dedicadas a 'vender' -como si se tratara de un producto- el soporte técnico, logístico o intelectual para la comisión de delitos de evasión".
