El Senado intentará hoy convertir en ley el proyecto que anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que permitiría juzgar a los militares acusados de violar los derechos humanos en la última dictadura.
Aunque el tema no fue incluido en el temario de la sesión prevista para hoy, el titular del bloque del PJ, Miguel Angel Pichetto (PJ-Río Negro) adelantó que "hay una postura mayoritaria del bloque justicialista para avanzar en la anulación de las leyes para dar una señal política". De hecho, el senador Antonio Cafiero pronosticó que hoy el Senado aprobará la anulación de las leyes del perdón.
Según señaló, "a último momento el jefe del bloque (Miguel Angel Pichetto) me comunicó que sesionaríamos mañana y mi opinión es que vamos a aprobar las anulación de esas leyes". El motivo por el cual los senadores darían el visto bueno a estas normas, según reconoció Cafiero, es que ningún legislador querría quedar como los senadores "de la impunidad".
Lo que es seguro es que la Cámara alta aprobará el proyecto que le otorga rango constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y definirá en las próximas horas si incluye también en el temario la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Tampoco habrá dificultades en la sesión para aprobar el restante proyecto aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, que modifica el Código Penal para incorporar el alcance de este tratado internacional a la legislación local y que sólo requiere de mayoría simple para su sanción.
Las tres iniciativas mencionadas fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, como una clara señal política desde el Congreso Nacional hacia la posibilidad de que las violaciones a los derechos humanos cometidas en la última dictadura puedan ser juzgadas en el país.
El proyecto que anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en principio iba a ser postergado para dentro de siete días, pero un principio de acuerdo entre el radicalismo y el peronismo de la Cámara alta podría posibilitar el adelantamiento de su análisis.
La principal dificultad era que los radicales, en su mayoría, pensaban abstenerse o votar en contra del proyecto, a raíz de la decisión adoptada en la Cámara baja y por su carácter de impulsores de esas iniciativas en 1986. Pero la promesa de que facilitarán la votación sobre tablas con los dos tercios de los presentes y que, de ser necesario, votarán en forma negativa, hace prever que el tema pueda ser incluido en la sesión.
Así, los radicales no se presentarían en su totalidad a la sesión o votarían en contra de la ley, lo que le permitiría a la mayoría de los peronistas y a algunos de sus aliados alcanzar el número necesario para avanzar con la anulación.
Entre los ajenos al bloque peronista que impulsan la anulación se encuentran Vilma Ibarra (Frente Grande-Capital), Diana Conti (Frepaso-Buenos Aires) y Luz Sapag (Movimiento Popular Neuquino), entre otros.